Periodistas de Quintana Roo firmaron un pronunciamiento dirigido a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado en rechazo a la iniciativa de Ley para la Protección Integral, el Bienestar Social y la Profesionalización del Periodismo.
Al menos 80 comunicadores y reporteros de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto hicieron un frente común para acusar que el proyecto fue redactado a espaldas de la mayoría del gremio periodístico de Quintana Roo y sin un proceso elemental de socialización.
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La controversia estalló luego de que la propuesta fuera ingresada formalmente a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo el pasado 5 de junio.
Desde esa fecha, el contenido íntegro del documento ha permanecido oculto al escrutinio público, generando una profunda incertidumbre y suspicacia entre quienes ejercen la profesión en los distintos municipios de la entidad.
"Todos o la mayoría de los compañeros que trabajamos en Chetumal no podemos acompañar un documento que busca regular nuestra actividad, pero que no se construyó con transparencia", sentenció la periodista Diana García.
Detalló que más de 40 periodistas de Chetumal suscribieron el escrito inicial, al que rápidamente se sumaron colegas del norte y centro del estado.
Denuncian simulación y exclusión en derechos fundamentales
Los inconformes precisaron que los propios trabajadores de los medios han tenido que recurrir a filtraciones y fuentes alternas para conocer los detalles de la reforma, debido a que el texto legal no se encuentra disponible para consulta en las plataformas oficiales del Congreso y jamás se convocó a foros, consultas abiertas o mesas de trabajo técnicas.
El documento entregado a los diputados desmonta el argumento central de la propuesta, la cual fue presentada bajo la falsa premisa de haber sido consensuada con los profesionistas del sector.
Los firmantes aclararon de forma tajante que no acompañan la iniciativa impulsada de manera unilateral por la agrupación denominada Unión de Periodistas y Medios Digitales de Quintana Roo.
Asimismo, alertaron que resulta peligroso que una legislación que afecta directamente a la libertad de expresión y al derecho a la información se pretenda aprobar mediante un proceso caracterizado por la exclusión.
Alertas por intromisión política en la legislación de medios
Por su parte, el periodista Mario Castillo advirtió sobre la existencia de versiones que apuntan a una presunta intervención de actores políticos en la promoción y aceleración de esta ley en el Congreso local.
Castillo recordó que las fuerzas políticas y los diputados ocupan cargos temporales, mientras que una legislación de esta envergadura tendrá repercusiones jurídicas y operativas durante varios años sobre las empresas de comunicación y los reporteros independientes.
Ante este panorama, los firmantes hicieron un llamado directo a las diputadas y diputados de la XVIII Legislatura para que el documento sea retirado formalmente del análisis de comisiones hasta que se garantice un mecanismo de parlamento abierto, incluyente y transparente que involucre a periodistas de los 11 municipios de Quintana Roo.
Subrayaron que la movilización no responde a la búsqueda de liderazgos o la creación de nuevas asociaciones, sino a la legítima defensa de sus garantías profesionales y constitucionales.
