El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, abandonó formalmente el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) en Ayala, Morelos. Tras siete años y 22 días tras las rejas desde su captura en Panamá, el exmandatario continuará su proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria con el uso de un brazalete electrónico de geolocalización.
El traslado al Estado de México se ejecutó la madrugada del 26 de junio de 2026, luego de que un juez de control de Tepic, Nayarit, acreditara el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos. Esta medida sustituye la prisión preventiva justificada en el único expediente federal que le queda activo.
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El único proceso vigente contra Roberto Borge: lavado de dinero
A pesar de recuperar su libertad condicional, el político priista que gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016 aún encara la justicia federal. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigente la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Para acceder a este beneficio procesal, dictado originalmente desde diciembre de 2023 por el juez Marco Antonio Beltrán Moreno pero retrasado por incidentes jurisdiccionales, el exmandatario se sometió a un estricto paquete de medidas cautelares:
- Resguardo domiciliario permanente en un inmueble del Estado de México.
- Portación obligatoria de un brazalete electrónico.
- Entrega inmediata de pasaporte y visa para evitar la salida del país.
- Prohibición absoluta de comunicarse con autoridades, partes u ofendidos del caso.
De ser hallado plenamente responsable en este juicio remanente, Roberto Borge podría enfrentar una condena definitiva de entre 5 y 15 años de prisión.
Absolución clave por delincuencia organizada
El camino técnico hacia su excarcelación quedó despejado el pasado 28 de mayo de 2026. En esa fecha, el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz dictó una sentencia absolutoria en favor de Borge por el delito de delincuencia organizada.
De acuerdo con la resolución judicial, la FGR no logró acreditar el tipo penal, debido a que ninguno de los testigos presentados por la fiscalía afirmó que el exgobernador liderara o dirigiera una estructura criminal. Esta absolución salvó al exfuncionario de una penalidad que oscilaba entre los 20 y 40 años de prisión.
Estatus de las acusaciones del fuero común
Respecto a los millonarios desfalcos que se le imputaban a nivel local en Quintana Roo, el equipo legal del exgobernador logró desactivar los tres procesos del fuero común que pesaban en su contra:
- Peculado: Relacionado con el presunto desvío de 594 millones de pesos mediante la subcontratación de servicios de la paraestatal VIP Saesa.
- Concesiones irregulares: Por otorgar cinco permisos ilegales de carros de golf en Isla Mujeres.
- Venta ilegal de patrimonio estatal: La acusación original por enajenar de forma ilícita 18 predios estatales valuados en 2 mil 519 millones de pesos.
Al quedar sin vigencia estas carpetas locales, el exmandatario concentrará su defensa desde el arraigo domiciliario únicamente frente al expediente de lavado de dinero de la FGR. (Con información de ZETA Tijuana).
