A casi cuatro años de su despenalización, el acceso efectivo a la Interrupción Legal del Embarazo en Quintana Roo enfrenta severas deficiencias estructurales e institucionales. La regidora del municipio de Othón P. Blanco, Erika Cornelio Ramos, criticó la ausencia de campañas de difusión masiva sobre el servicio médico legal.
La funcionaria puntualizó que la falta de información oportuna ha provocado que la gran mayoría de las mujeres quintanarroenses desconozca los mecanismos institucionales, los plazos legales y las unidades de salud autorizadas a las que pueden acudir de forma gratuita para ejercer sus derechos reproductivos.
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De acuerdo con estimaciones de agrupaciones civiles locales, únicamente dos de cada diez mujeres en la entidad tienen conocimiento pleno sobre la legislación vigente de la ILE, lo que deja al 80% de la población femenina en un panorama de incertidumbre jurídica y médica.
Obstáculos y desabasto presupuestal en la Secretaría de Salud
La concejal de la zona sur sostuvo que la Secretaría de Salud (Sesa) de Quintana Roo ha incumplido con su obligación legal de garantizar este servicio con estándares óptimos de cobertura. Acusó que el presupuesto destinado a infraestructura, insumos médicos y personal capacitado resulta insuficiente frente a la demanda real.
“Nos falta difusión en un derecho que es necesario para todas las mujeres y también nos falta presupuesto. Si el aborto ya fue despenalizado en el Congreso del Estado, entonces las autoridades correspondientes deben incrementar las partidas para garantizar este servicio en los centros médicos habilitados”, argumentó Cornelio Ramos.
A esta situación se suma que los colectivos feministas de acompañamiento y redes de apoyo locales reportaron el cese de los financiamientos nacionales e internacionales para el seguimiento directo de casos, limitándose actualmente a labores de orientación ciudadana y canalización hospitalaria.
Desigualdad urbana y rural: Clínicas de aborto seguro en el estado
El desabasto de infraestructura acentúa la brecha de desigualdad para las mujeres de las regiones rurales. Colectivos civiles reciben en promedio 30 solicitudes de asesoría mensuales de municipios como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.
La atención médica especializada para la ILE se concentra en sólo tres complejos generales: el Hospital General "Dr. Jesús Kumate Rodríguez" y el Hospital General Regional No. 17 del IMSS en el norte del estado, y el Hospital Materno Infantil Morelos en la ciudad de Chetumal para la zona sur.
“Una mujer que habita en una comunidad apartada de la Ribera del Río Hondo tiene que recorrer varias horas para poder llegar al hospital donde puede ejercer este derecho. Esa falta de descentralización y transporte las coloca en una condición de extrema vulnerabilidad social”, advirtió la regidora.
El peligro latente de los procedimientos clandestinos en menores de edad
La falta de un programa informativo permanente por parte del sector salud incrementa de forma directa el riesgo sanitario en Quintana Roo. Advirtieron que el vacío informativo orilla a las mujeres a recurrir a clínicas clandestinas o a métodos de alto riesgo sin supervisión médica adecuada.
La regidora alertó que las adolescentes y jóvenes de entre 14 y 16 años representan el sector poblacional más vulnerable y afectado ante las barreras institucionales vigentes, puesto que enfrentan un estigma mayor y una menor capacidad económica para traslados intermunicipales de emergencia.
Estadísticas del Observatorio de Aborto Seguro detallan que de las 71 mil 989 atenciones de aborto registradas en secretarías de salud y clínicas del IMSS-Bienestar a nivel nacional durante el año 2024, un total de mil 364 correspondieron a Quintana Roo. Sin embargo, en el estado existen únicamente ocho unidades con la infraestructura de Servicios de Aborto Seguro (SAS): tres adscritas al IMSS-Bienestar y cinco dependientes del ISSSTE.


