El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitó formalmente el resguardo judicial del parque Balam Tun, en Quintana Roo.
Esta medida cautelar busca frenar de forma inmediata cualquier obra en la zona para evitar que se sigan destruyendo vestigios arqueológicos vinculados a la construcción del Tren Maya, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) integra la carpeta de investigación correspondiente.
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El asesor jurídico del sindicato en Chetumal, Raymundo Tamay Chuc, explicó que la petición de aseguramiento ministerial se fundamenta en los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al tratarse de un bien inmueble propiedad de la Nación que constituye el objeto material del presunto delito, un juez federal de control deberá ordenar la suspensión total de las intervenciones.
El sustento legal contra el daño arqueológico
La denuncia penal presentada ante la FGR acusa formalmente a 22 servidores públicos del INAH de participar en diversas fases del Proyecto de Salvamento Arqueológico y la edificación del parque Balam Tun. Los seis delitos imputados por la representación jurídica del sindicato incluyen:
- Destrucción y falsificación de monumentos arqueológicos.
- Mala praxis en la función pública y ejercicio ilícito del servicio público.
- Coacción de servidores públicos.
- Uso indebido de atribuciones y facultades.
Para sostener estas acusaciones, el gremio de investigadores aportó un robusto expediente de más de 700 páginas. Este compendio incluye 37 fotografías detalladas de los presuntos daños, 18 anexos documentales, inspecciones técnicas especializadas y antecedentes de quejas previas emitidas por los mismos académicos del instituto.
Consecuencias penales e inhabilitación de funcionarios
De acreditarse los delitos, los implicados podrían enfrentar la inhabilitación del servicio público y penas de prisión. Tamay Chuc puntualizó que, dado el carácter irreversible de los daños al patrimonio cultural, la reparación no se limitará a compensaciones económicas, sino que exigirá planes rigurosos de restauración y medidas de reparación simbólica.
La carpeta de investigación ya ha sido abierta por el Ministerio Público Federal. La defensa jurídica proyecta que, si se realizan con celeridad las diligencias pendientes, la judicialización del caso contra los funcionarios señalados podría concretarse en un plazo menor a dos meses.
