Uno de los problemas de corrupción e impunidad más graves en los últimos años es el de los despojos inmobiliarios, sobre el que ahora dos legisladores de Morena presentaron una iniciativa para crear la Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario y anunciaron el Foro Nacional Antidespojo.
El efecto inmediato que provoca este tipo de iniciativas es la desconfianza y la sospecha del uso político del tema pero que no va a solucionar el problema porque lo más grave del despojo no es una acción entre particulares, sino delitos de cuello blanco de políticos y autoridades que se dedican a este tipo de crimen organizado.
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Está bien que se realice este tipo de foro, “para escuchar directamente a las víctimas, recoger las propuestas de especialistas y enriquecer la iniciativa”, pero el problema no es de leyes, sino de su aplicación, porque el despojo está tipificado en el Código Penal Federal y el Código Penal local de cada estado del país.
El problema es que las “mafias inmobiliarias” o “cárteles del despojo” son una forma de crimen organizado desde el poder, en el que participan notarías públicas, registros públicos de la propiedad, oficinas de Catastro, autoridades de las Fiscalías, jueces y magistrados, gobiernos municipales y estatales, principalmente.
Por eso causa desconfianza este tipo de nueva legislación y reformas, porque el despojo solo puede suceder cuando intervienen autoridades o son ellas mismas las que lo organizan desde el poder. Las nuevas leyes y reformas tienen poca repercusión real y los foros solo sirven para el lucimiento político de quienes los promueven, mientras no exista la voluntad de querer acabar con la corrupción y la impunidad o cuando las leyes solo se usan como arma política de un partido o grupo político contra otro.
PAN: CARTEL DEL DESPOJO CDMX
Lo que viene a la mente con estas iniciativas son el “cartel del despojo” de los panistas en la Ciudad de México, cuya cabeza es nada más y nada menos que el actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. Morena lo que ha hecho es usar mediáticamente el tema, pero sin ejercer acción penal en casi ningún caso.
PAN-PRD: DESPOJOS DE CARLOS JOAQUÍN
En Quintana Roo, enseguida se piensa en Gabriela Rejón de Joaquín y su hermano José María Rejón de la Guerra, quienes despojaron en el 2020 al ejidatario octogenario Antonio Manrique Mac del rancho “La Caverna” en el municipio de Tulum, una propiedad de 37 hectáreas en una zona turística de alta plusvalía. El rancho se lo quedó la familia Joaquín Rejón y se fue a vivir a Yucatán de donde llegaron a gobernar y robar. El gobernador que autorizó este despojo despacha como embajador en Canadá.
VERDE: DESPOJOS EN EL PARAÍSO
También viene a la mente la mafia inmobiliaria de los buenos muchachos verdes, encabezados por Gustavo Miranda García exdiputado presidente de la Jugocopo, su madre Erika García Deister y Pablo Bustamante Beltrán expresidente estatal del verde y secretario estatal del Bienestar hasta el 20 de julio cuando renunció de manera imprevista. ¿Otro efecto de la visita presidencial?
El modus operandi de la mafia verde es el autodespojo mediante juicios laborales simulados y la complicidad de diversas autoridades, con la cobertura del mismo Jorge Emilio González, jefe de la banda, para quedarse con departamentos de alta plusvalía en Cancún, en edificios como Maioris Tower en Puerto Cancún, La Vista el Table o la Torre Emerald). En lugar de hacer justicia en estos casos, se les premia con otros cargos públicos más elevados.
El problema con nuevas leyes y reformas, es que no arrojan resultados en cerrarle el paso a la corrupción; no es tema de leyes, sino de voluntad política.
MÉXICO: MUCHA LEY, POCA JUSTICIA
México es uno de los países más sobre regulados, pero al mismo tiempo ocupa los lugares más bajos en aplicación efectiva de la justicia. México es un país de muchas leyes pero de poca justicia. Más derecho no es sinónimo de justicia. La hiper regulación muchas veces afecta a terceras personas y grupos sociales.
De ahí la desconfianza cuando en este caso Morena a través de la diputada Elena Edith Segura Trejo y el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentan una iniciativa para cerrarle el paso al despojo inmobiliario, que es una actividad muy socorrida por políticos corruptos en los últimos años, puesta de moda en Quintana Roo al menos desde la época de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.
Una vez que el presupuesto ya no es suficiente para saquear, han recurrido a los negocios al amparo del poder, auto concesionándose servicios públicos municipales, estatales y obras públicas, a través de empresas afines y ahora despojando de propiedades a particulares vulnerables jurídicamente. La 4T no ha dado muestras de querer cerrarle el paso a la corrupción, lo cual es uno de los principales retos del llamado segundo piso. Usted tiene la última palabra.