Cateos en Quintana Roo: caen 3 personas y aseguran drogas
En Quintana Roo, se realizaron operativos conjuntos entre las fuerzas de seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE) en los que se aseguraron de presuntos narcóticos, cámaras de vigilancia y la detención de tres personas implicadas en delitos contra la salud.
Según un comunicado oficial, las diligencias judiciales se llevaron a cabo de manera simultánea en los municipios de Cozumel, Bacalar y Benito Juárez, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Detenidos y decomisos en Cozumel
El primer mandamiento judicial se ejecutó en un inmueble ubicado sobre la calle 14 Sur, entre 7 Sur y 5 Sur, de la colonia San Miguel I, en el municipio de Cozumel.
En el sitio, los agentes aseguraron diversas dosis de hierba verde y seca (probablemente marihuana).
Asimismo, se aseugró una sustancia sólida amarillenta similar a la droga conocida como piedra y polvo blanco con características de la cocaína.
En las inmediaciones del predio cateado, elementos de la Policía de Investigación concretaron la detención de Argelia “N”, Moisés “N” y Carlos Damián “N”, a quienes se les aseguraron envoltorios con hierba verde y seca.



Cámaras de vigilancia y terminales aseguradas en Bacalar
La segunda intervención tuvo lugar en la avenida 19-C de la colonia Diego Rojas Zapata, en el municipio de Bacalar. Durante la inspección, las autoridades incautaron:
- Un dispositivo tipo router y cámaras de seguridad.
- Sustancia sólida de color rosado y hierba verde y seca.
- Terminales de cobro electrónico.

Intervención en Benito Juárez
Por último, las fuerzas de seguridad cumplimentaron la tercera orden de cateo en una vivienda localizada sobre la calle 115 de la Supermanzana 94, en Cancún (municipio de Benito Juárez), donde aseguraron material sintético color negro y vegetal verde y seco.
Tras concluir las diligencias en las tres demarcaciones, la FGE colocó los sellos de aseguramiento correspondientes en los inmuebles, los cuales quedaron bajo resguardo institucional.
En tanto, los detenidos y la evidencia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica dentro del término constitucional.


