Peligran fideicomisos en la Península de Yucatán; cuatro podrían desaparecer ante un decreto presidencial que ordena eliminar algunos fondos en el país.
Se trata del Fondo Mixto ConacytÔÇôGobierno de Quintana Roo, del Fondo Mixto ConacytÔÇôGobierno de Yucatán, de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
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Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador elaboró un decreto, publicado el 2 de abril, en el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios, para que lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.
La medida, de acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, garantizará al Gobierno contar con recursos con los cuales podrá hacerle frente a la crisis económica que se avecina, provocada por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus.
Uno de los amenazados, el Fondo Mixto ConacytÔÇôGobierno de Quintana Roo, tenía asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 un monto de 177.1 millones de pesos.
El segundo, el Fondo mixto de Conacyt-Gobierno de Yucatán, asciende a 63.7 millones de pesos.
En el caso del Colegio de la Frontera Sur, el monto del fideicomiso representa el 3% de su presupuesto total para este año.
Para 2020 se aprobaron 358.8 millones de pesos para esta institución y un fideicomiso de 10.7 millones de pesos.
Peligran fideicomisos en la Península de Yucatán
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En el caso del Centro de Investigación Científica de Yucatán, tenía un presupuesto de 270.6 millones de pesos para ejercer este año y un fideicomiso de 4.6 millones de pesos, que representa apenas 1.7% del presupuesto total.
El decreto también ordenaba a los ejecutores del gasto, por conducto de sus unidades responsables, a coordinar las acciones correspondientes para que, a más tardar el próximo 15 de abril, concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos.
Cabe recordar que la revisión de los fideicomisos ya se contemplaba desde la aparición de la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de noviembre, y había sido motivada para combatir la corrupción y discrecionalidad de los mismos.
Al cierre de 2019, existían 338 fideicomisos que manejan 718 mil 995 millones de pesos en la Administración Pública Federal, de acuerdo con Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, ente que junto con la de Hacienda y Crédito Público revisarán cada uno de ellos para decidir cuál desaparecerá.
“No todos los fideicomisos son malos por naturaleza y, por el contrario, su uso ha ayudado a la operación de múltiples instituciones que, además de su presupuesto anual, cuentan con una bolsa de recursos adicionales que pueden administrar, utilizar y hasta ampliar. Cada uno de los fideicomisos cuenta con un fin único definido legalmente, lo que ayuda a un uso focalizado de los recursos sobre temas, objetivos o prioridades específicas”, opinó el analista político Leonardo Núñez.
Con información de Ricardo Hernández