desarrollos irregulares

Pese a contar con clausura por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez, desde febrero de 2020, unos 16 desarrollos inmobiliarios continúan con la comercialización de lotes o viviendas.

Esta situación ha originado que la asociación de profesionales inmobiliarios local, despida a los llamados “brokers” que vendieron o venden esos fraccionamientos.

Carlos Díaz Carvajal, titular del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano precisó durante su participación en el foro “El ordenamiento territorial de Cancún”, que los desarrollos en cuestión representan alrededor de 15 mil lotes

En dicho evento el funcionario expuso el tema: “El Plan de Ordenamiento Territorial de Benito Juárez y su conurbación con el municipio con Isla Mujeres”.

También participó Armando Lara De Nigris, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, con el tema: “Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez ÔÇô PDU”.

Díaz Carvajal Precisó que la zona de estos desarrollos están en el Distrito Urbano número 18, que esta destinado a conservación ecológica ubicado al poniente de las pistas del aeropuerto en la avenida Huayacan e intersección con el libramiento de la autopista Cancún-Mérida.

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Detectan 16 desarrollos irregulares en Cancún

Recordó que en esa zona, Lara De Nigris, junto con una mesa técnica presida por el asesor Hugo Alday, hicieron un operativo de clausura a finales de 2019 y principios de 2020. Luego con la pandemia, los operativos se suspendieron, pero son desarrollos que no cuentan con permisos, que son ilegales y que son los que están afectando el instrumento de planeación de conservación ambiental.

Esta zona, abundo, esta destinado a mediano y largo plazo a ser un parque metropolitano sur de la ciudad de Cancún que abarcará 869 hectáreas de conservación.

“Estos desarrollos están clausurados, hay un procedimiento jurídico legal iniciado y los sellos puestos”, dijo el funcionario. Al reconocer que en la zona mencionada se ha dado la violación de los sellos de clausura y, como siguen comercializando, implica responsabilidades no solamente civiles, sino penales sobre los que violentan el estado de derecho.

Asimismo, aceptó que la autoridad municipal no ha hecho supervisiones en los meses recientes, aunque “sabemos que siempre hay soterradamente movimientos de comercialización”, subrayó.

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