Un grupo de senadores de Morena ha privilegiado la defensa de un Gobierno violador de los derechos humanos y su partido por sobre los derechos de las víctimas de abuso de poder.
No se trata solo de perjudicar las aspiraciones políticas de su coordinador, Ricardo Monreal, sino de dejar en la indefensión a quienes han padecido la forma particular de gobernar -es un decir- de Cuitláhuac García.
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Los argumentos expuestos por algunos de los 30 senadores de Morena que se reunirán mañana para “analizarÔÇÖÔÇÖ la legalidad de la Comisión creada por Monreal para la investigación de violaciones de derechos humanos en Veracruz no dejan lugar a dudas sobre las prioridades de este grupo: no se puede atacar a un miembro del partido.
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Y menos después de que el presidente López Obrador y después Claudia Sheinbaum manifestaran abiertamente su respaldo al cuestionado gobernador.
No se sabe si recibieron la orden directa del Palacio del Ayuntamiento o el ala radical interpretó como una señal de ataque ambos espaldarazos a Cuitláhuac, que decidieron lanzarse en contra de la creación de dicha Comisión.
De acuerdo con la convocatoria a la reunión que se celebrará mañana viernes, la creación de la Comisión no fue consensuada con la bancada morenista en su totalidad y es ilegal porque no fue votada en el pleno del Senado.
Pero olvidan que en enero de 2019, hubo una situación similar con la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento al accidente en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el entonces senador Rafael Moreno Valle.
Dicha Comisión fue creada por un acuerdo político entre las fracciones que participaban en la Comisión Permanente y aunque no fue ratificada por el pleno de los senadores no tuvo contratiempos para sesionar hasta la conclusión de la investigación.
Lo más probable es que la Comisión para investigar los abusos de autoridad en Veracruz haya muerto ayer con la renuncia de Dante Delgado a su presidencia; su creación ya ni siquiera llegaría al pleno.
Pero ¿qué va a pasar con los 76 casos de violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno veracruzano documentados por esta Comisión?
¿Será que los legisladores que se oponen a su constitución dejarán sus casos en el limbo para quedar bien con el Presidente y la jefa de Gobierno?
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El Presidente dijo que no reconsiderará el nombramiento del cuestionado Pedro Salmerón como representante de México ante el Gobierno de Panamá, igual como no ha reconsiderado el de Quirino Ordaz como embajador en España, a pesar de los mensajes implícitos de rechazo que ha recibido del Gobierno español.
Si esa será la postura, entonces ocurrirá lo mismo con el supuesto nombramiento de Jaime Bonilla como subsecretario de Gobernación, a pesar de que esté envuelto en la polémica por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien le había ganado un pleito de carácter laboral.
Desde noviembre pasado, Bonilla y sus jilgueros corrieron la versión de que sería el nuevo subsecretario de Gobernación, pero nada ha pasado.
¿Le serviría al país un funcionario con esos cuestionamientos?
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En una votación dividida (3-2), el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) negó la licencia para que Claro TV pudiera ofrecer el servicio de televisión de paga.
La mayoría que votó en contra del proyecto consideró que la empresa es parte del grupo preponderante de las telecomunicaciones en el país lo que afectaría la competencia.
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