Tras la detección de que ciudadanos del sur enfrentan problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicita la apertura de una oficina de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), específicamente en Othón P. Blanco y Bacalar.
Se busca una atención justa y que expídete las complicaciones que presentan los ciudadanos, por lo que Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE en Chetumal, informó que enviaron una solicitud al delegado de la procuraduría estatal, David Anguiano Mac, pues es necesario que se cuente con una instancia federal en la zona sur de la entidad, que permita gestionar y resolver los inconvenientes que se presenten ante el SAT, debido a que se ha detectado que se desconocen muchos derechos que en materia fiscal tienen los contribuyentes.
Indicó que, ante la falta de una representación de la instancia federal, contribuyentes de la zona centro y sur deben acudir hasta Cancún para solicitar algún litigio que involucre a las autoridades fiscales; sin embargo, eso afecta económicamente para el traslado e inversión de tiempo.
Ante ello, indicó que el delegado de la Prodecon se comprometió con los dirigentes empresariales de la zona sur a dar respuesta a la petición en el menor tiempo posible, e incluso se ofreció a brindar asesoría de manera presencial cuando se requiera.
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Solicitan oficinas de PRODECON en le sur
La Prodecon brinda forma gratuita, servicios de orientación, asesoría, consulta, representación y defensa legal, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes.
Además de acuerdos conclusivos como un medio alternativo para resolver de forma anticipada y consensuada los diferendos que durante el ejercicio de las facultades de comprobación surjan entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, o bien, para regularizar la situación fiscal de estos últimos.
Entre los principales problemas fiscales que tienen las empresas de la capital del estado, está la saturación de los servicios en línea que ofrece el SAT, retrasos involuntarios en la declaración fiscal por las complicaciones de los recientes cambios, dificultades para el trámite para el registro de empresas beneficiarias del estímulo fiscal del IVA a 8 por ciento que entró en vigor desde el 1 de enero de 2020.
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