Luego de que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y tres personas físicas promovieran un amparo en contra de las ayudas sociales del Congreso del Estado, éste ya fue otorgado y se dio una suspensión provisional, por lo que integrantes de la XVI
Legislatura no puedan gastar ni un peso del presupuesto de 99.5 millones sin informarles al Juez de Distrito, indicó Francisco Colunga, integrante de Cultura Cívica.
Expuso que el Congreso (cuya Junta de Gobierno y Coordinación Política está a cargo de Eduardo Martínez Arcila), tendrá que justificar los movimientos de recursos, es decir, tiene que informar a quién y por qué va dirigido el apoyo social, todo esto mientras se analiza el “fondo del asunto” y llega la fecha de la audiencia constitucional en la que se va a definir el monto.
Para este 2022, la XVI Legislatura presupuestó la cantidad de 99.5 millones de pesos para ayudas sociales y que representa el 20.5 por ciento del total aprobado para el Poder Legislativo, tema que ha generado controversia, ya que de acuerdo con el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado, en ninguna de las 55 fracciones, indica que el Congreso tenga competencia para otorgar dichos apoyos.
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Avanza amparo contra ayudas sociales de congreso
Por su parte, Celina Izquierdo, una de las personas físicas, recordó que hace cuatro años, organizaciones ciudadanas señalaron la irregularidad de la existencia de este fondo, sobre todo, el uso que se le daba a ese dinero, por ejemplo, se les otorgaba a personas que habían fallecidos, pero con causas pocas claras, “todo como ayudas sociales”.
Sin embargo, detalló que se hizo el señalamiento claro y se observó por parte de la ciudadanía, así que el año previo, grupos ciudadanos, asentaron un amparo, tratándose de una segunda llamada y un nivel mucho mayor para promover una actuación por parte de la Cámara de Diputados; sin embargo, no corrigieron una partida presupuestal, que implica 99.5 millones de pesos, “denota dolo reiterado por parte de las y los diputados.
Dijo que se ha avanzado en este tema y no se parará hasta que cada peso del presupuesto sea utilizado de manera transparente para garantizar los derechos de las personas, desde la salud, educación, alimentos y seguridad.
Yuselim Reyes
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