Un juez federal determinó diferir la audiencia constitucional sobre el amparo 147/2022 para el 4 de abril próximo, mediante la cual se resolverá de fondo el asunto a tratar: la inconstitucionalidad del uso de las polémicas ayudas sociales del Congreso local.
La audiencia estaba programada para el 3 de marzo pasado, pero se decidió posponer para el próximo mes, informó Mariana Belló, representante común de los quejosos, integrantes todos del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción Estatal (Saeqroo).
Se trata de un amparo administrativo, el cual recayó en el Noveno Juzgado de Distrito con residencia en Cancún, en el que los actos reclamados específicos son el Anexo 11, correspondiente al presupuesto de egresos que corresponde ejercer al Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2022, que forman parte del diverso Anexo 190 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, publicado el 11 de enero pasado, en el que se asignó en el rubro de gasto denominado “44000 Ayudas sociales” la cantidad de 99 millones 572 mil 500 pesos.
Hace una semana, en conferencia de prensa, los quejosos dieron a conocer que el juez concedió una suspensión definitiva del amparo.
“¿Qué significa?”, reflexionó entonces José Roldán Xopa, profesor e investigador del CIDE, quien asesoró a las quejosas en el proceso de amparo. “Si recordamos, el juez ya había dado una suspensión provisional, con el siguiente efecto: que el Congreso debe informarle al juez cada una de las disposiciones que se hagan del fondo, los recursos, sobre las ayudas sociales […] La obligación que tendrá el Congreso es de informar sobre cada peso de ayudas sociales: ¿quién lo ordenó dar?, ¿cuánto se da?, ¿a quién se da?”.
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Difieren audiencia para resolver amparo contra ayudas sociales
Y es que, aunque el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que, en caso de “apoyos”, el ente debe disponer de información relativa al diseño, objetivos, alcances, mecanismos de evaluación, reglas de operación y padrón de beneficiarios, el Congreso sistemáticamente ha incumplido, con lo cual se ha impedido revisar y evaluar su ejercicio
Por eso y por un rosario más de motivos se han tramitado en total cinco amparos desde el año pasado para intentar echar por tierra las ayudas sociales, de los cuales sólo el del CPC ha fructificado.
En el amparo del CPC y en el resto se alude los ejercicios de recursos muy por arriba de lo aprobado, la opacidad y discreción de su reparto, así como el hecho de que el uso de este recurso, que de enero a septiembre del año pasado fue de 75.5 millones de pesos, es ajeno, excede y contraria las funciones constitucionales del Poder Legislativo.
Se trata, según se lee en los amparos, de una situación de autoasignación de funciones administrativas, lo cual viola la división de poderes, contraría la Constitución y, además, viola al menos un derecho humano y tres constitucionales: a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la igualdad y no discriminación, a la buena administración de los recursos públicos y al de la transparencia y el acceso a la libre información, remachan.
Ricardo Hernández
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