Desde 2002 hay 137 personas a quienes se les abrió un proceso judicial por cometer delitos en Benito Juárez y Puerto Morelos que permanecen en espera de una sentencia que resuelva su situación, de acuerdo con datos del Poder Judicial.
Se trata de personas procesadas por abuso de autoridad (dos casos), daños culposos (17), lesiones culposas (23), despojo (1), feminicidio (1), fraude (1), homicidio (2), homicidio calificado (26), homicidio culposo (5), homicidio en grado de tentativa (3), homicidio en riña (1), robo (14), violación (13), provación de la libertad personal (2), secestro (4), secuestro exprés (1).
También por presunta comisión de lesiones (4), responsabilidad profesional técnica (2), violencia familiar (1), daños (1), asociación delictuosa (1), encubrimiento (1), tortura (1), uso de documento falso (1).
Del total, 92 delitos fueron presuntamente cometidos en Cancún, mientras que tres fueron en Puerto Morelos.
Y hay casos que datan desde 2002, es decir, que llevan 20 años privados de su libertad, sin que se compruebe si son culpables o inocentes; sin sentencia.
Todo privado de su libertad es, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, una persona procesada o sentenciada que se encuentre en un Centro Penitenciario.
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Sin sentencia y privados de libertad 137 personas
Y por persona procesada se refiere a los sujetos a proceso penal sometidos a prisión preventiva, pero que no han sido sentenciadas, es decir, que no se les ha impuesto una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria o absolutoria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en sus informes anuales sobre la situación de los penales de Quintana Roo –y del resto del país– ha evidenciado que no existe una separación entre los procesados y sentenciados.
Ambos conviven en un mismo espacio, lo cual genera problemas a lo interno.
“Se ha identificado que las principales problemáticas que inciden de forma preponderante en el Sistema Penitenciario Nacional, y que han permanecido en índices similares durante los últimos años, se encuentra la falta de separación entre procesados y sentenciados”, se lee en el informe de 2020.
Entre otras problemáticas, el organismo ha evidenciado que existe una gran insuficiencia de actividades laborales, educativas y deportivas, así como de capacitación para el trabajo, además de que, la deficiencia en la atención de la salud de las personas en reclusión continúa siendo, en la generalidad de los centros, una problemática mayor, ocasionada tanto por la falta de personal médico como de equipo y fármacos necesarios para atención de la salud.
A lo anterior, se le suman problemáticas tales como, las malas condiciones de diferentes áreas de los establecimientos penitenciarios, la presencia cada vez mayor de grupos delincuenciales que generan autogobierno y violencia al interior de éstos.
Ricardo Hernández
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