Hace un año Victoria Esperanza Salazar Arriaza, migrante refugiada originaria de El Salvador, fue detenida y luego sometida hasta la muerte por policías de Tulum, Quintana Roo: uno de los más graves actos violatorios de derechos humanos recientes de la entidad, cuyo proceso penal sigue empantanado por la burocracia en el Poder Judicial, generada por las medidas sanitarias derivado del COVID, de acuerdo con la defensa.
José Luis Gutiérrez Román, director general en Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), la asociación civil que lleva el caso, recordó que existen dos carpetas de investigación del caso, uno por el feminicidio de Victoria y otra por el abuso sexual que presuntamente cometió la entonces pareja de la víctima mortal a su hija menor; ambas aún sin condenas.
El proceso por el feminicidio de Victoria, detalló Gutiérrez, se encuentra en etapa intermedia y sin audiencia puesto que se ha diferido hasta en tres ocasiones.
“Lo que se hace al día siguiente es que van los elementos de la Policía municipal a declarar, ahí son detenidos; hay una audiencia de control de la detención, donde se califica de legal su detención y se les imputa, es decir, se les informa de qué se les está acusando, de feminicidio, y por qué. Terminando se les vincula a proceso, se les dicta prisión preventiva oficiosa por dos años como medida cautelar, por el tipo de delito que se trata, y se dan cuatro meses para el cierre de investigación”, explica.
En agostó pasado se cerró el proceso de investigación y la defensa solicitó una ampliación de dos meses más para acreditar la teoría del caso. En septiembre inició la etapa intermedia, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y la defensa hacen sus acusaciones. En principios de octubre se abre la audiencia intermedia, sin embargo, su celebración se ha aplazado.
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Se cumple un año del asesinato de Victoria
La primera cita a audiencia se suspendió ante la ausencia de la policía ÔÇôy su abogado de oficioÔÇô que asesinó a Victoria, la segunda porque faltaron algunos abogados de los procesados y una tercera porque no había salas ni jueces disponibles los juzgados orales de Tulum, donde se lleva el proceso.
“Y así ha pasado mucho tiempo hasta prácticamente la última que tuvimos el pasado marzo, que también se difirió por días inhábiles, de lo cual, por cierto, no nos notificaron”, prosigue Gutiérrez.
Vale destacar que la contraparte apeló la vinculación a proceso y tramitó amparos, sin que hasta ahora se haya resuelto el asunto de fondo y por lo que, quizá, aventura Gutiérrez, el juez ha alargado el proceso, a fin de evitar la reposición del proceso si el recurso de los elementos de Seguridad rinde frutos.
“No se ha podido cerrar este ciclo y para la familia es muy lamentable. Aunque, en mi experiencia, el proceso va en tiempo, sobre todo considerando que son varios los perpetradores, que seguramente quieren hacer tiempo para que se resuelva el amparo que interpusieron. Tanto para la víctima como para los privados de libertad es mucho tiempo. También para ellos (los policías), considerando las condiciones deplorables en que se encuentran las cárceles de Quintana Roo”, dijo.
La otra carpeta de investigación, por abuso sexual cometido por la entonces pareja de Victoria perpetrado contra una de sus hijas, también se ha atorado.
“Hay un atecedente, uno de violencia sexual cometido por la pareja de Victoria a la hija menor, lo que implicó que se abriera una carpeta de investigación ÔÇôel 6 de marzo de 2021ÔÇô, carpeta que, hasta que no pasó lo de Victoria, el lamentable feminicidio, se judicializó, tan es así que el número de expediente administrativo en el Poder Judicial es más reciente que el del feminicidio”, destacó.
Ricardo Hernández
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