Un juez federal concedió la suspensión definitiva en el amparo tramitado por la organización Colectivo Ciudadano Isla Cozumel contra el otorgamiento de la concesión del cuarto muelle de la isla, obra prioritaria para el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Este miércoles los quejosos fueron notificados de la resolución dictada por la juez Pamela López Swain, del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún.
El sentido de la resolución, explica Olivia Rose Withington, una de las quejosas, es que el promovente, Muelles del Caribe, no podrá realizar obras en el lugar hasta en tanto no se resuelva el asunto de fondo.
Tampoco podrá tramitar ni se le podrán expedir permisos de parte del Municipio, detalla.
La audiencia constitucional, donde se resolverá el amparo y se decidirá si se le concede suspensión permanente o no, se fijó para el próximo 27 de abril.
“Estamos convocando a la prensa porque estaremos por allá, en Cancún, cuando se celebre la audiencia”, dijo Rose.
El muelle se ubicará en la costa noroeste de la isla de Cozumel, entre dos áreas Naturales Protegidas y próximo a sus áreas de influencia respectivas, y tiene por objetivo construir las obras que permitan el atraque de buques de cruceros que llegan a la zona, así como el abordaje y desembarco de cientos de miles de turistas al año.
El proyecto incluye también un edificio que funcione como terminal de cruceros para recibir a las personas que aborden o desembarquen de los cruceros. La conexión entre el muelle y la terminal, detallan en la Manifestación de Impacto Ambiental, será mediante un puente peatonal que cruzará la Avenida Rafael E. Melgar.
El muelle, en forma de “L” y con una superficie de total de 1.16 hectáreas, será edificado sobre pilotes de acero y losas de concreto prefabricadas.
La inversión estimada para la ejecución del proyecto será de 58 millones 617 mil 023 pesos, dentro de la cual se contempla un porcentaje para las medidas ambientales.
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Conceden suspensión definitiva por muelle de cozumel
En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del nuevo muelle de cruceros que se pretende construir en la isla de Cozumel, Quintana Roo –proyecto inscrito como prioritario en el plan federal de reactivación económica–, omitieron mencionar al menos 13 especies de coral, dos de ellas consideradas como amenazadas en la Norma Oficial Mexicana 059, a fin de conseguir la aprobación de la Semarnat, reveló Guadalupe Martín Cab, directora de la organización Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (Cimac).
Y es que, ante el anuncio de octubre pasado de la intención de construcción de un cuarto muelle en una de las isla que recibe más cruceros en el mundo, la organización civil emprendió un estudio que diera cuenta de las especies de coral que se verían afectadas por las obras y el atraque de embarcaciones de hasta 362 metros de eslora, aún inédito, adelantado a este medio.
El reporte técnico, realizado mediante censos visuales de buzos en 24 transectos en una superficie de más de mil 400 metros cuadrados que tocan el área del proyecto del muelle, da cuenta de 20 distintas especies de coral.
En contraste, la MIA del proyecto promovido por la empresa Muelles del Caribe enlista apenas siete especies de coral en el apartado “Composición biótica”. Entre las especies que omitió incluir figuran Orbicella faveolata y Orbicella annularis, enlistadas en la NOM-059, así como
Meandrina meandrites, la cual está a punto de la extinción local, según ha advertido la organización Healthy Reefs for Healthy People, la cual lanzó el año pasado un programa emergente para la localización de los ejemplares que se avisten, para su recolección y posterior resguardo y crianza en laboratorios de conservación.
La falta, reiteró Martín Cab en entrevista telefónica, se debe a que la empresa pretende disimular los impactos que generaría un proyecto de tal envergadura, a fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dependencia encargada del dictamen, apruebe la MIA.
La familia Molina Casares, dueña de Muelles del Caribe, la empresa promovente del proyecto, tiene amplia influencia y poder económico en el sureste de México.
Originarios de Yucatán, los hermanos Martha Leticia, Ignacio Octavio Pablo, Rogelio Tirzo, Mario Manuel, José Lorenzo, Juan Francisco y José Trinidad Molina Casares han constituido al menos 113 empresas en la región, según una revisión al Registro Público del Comercio.
Los giros de sus empresas van desde la operación de muelles, hasta la organización, promoción y venta de excursiones y actividades acuaticas y subacuaticas; prestación y explotación del servicio público de autotransporte federal de turismo; prestación de servicios turísticos; transportación marítima; compra venta de terrenos, entre otros. El muelle se sumaría a la cadena de servicios turísticos ofertados por las empresas familiares.
Ricardo Hernández
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