Renovación en congreso, caro y miniperiodo

En las próximas elecciones se elegirán a los integrantes de la XVII Legislatura del Congreso local, el más caro del país para sus habitantes, de acuerdo con informes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El presupuesto al Poder Legislativo en 2021 fue de 691 millones de pesos, es decir, a cada quintanarroense le costó 261 pesos, muy por arriba de los 132 pesos promedio nacional.

“Efectivamente, es importante mencionar que es de los congresos más caros que, por un candado en la Constitución, no se puede reducir, porque se establece que no pueden recibir un presupuesto menor al que el año anterior”, comenta Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.

Un presupuesto que, además, gran parte se gasta en las polémicas ayudas sociales.

Aunque se han comprobado gastos irregulares por dicho concepto, ejercicios muy por arriba de lo aprobado, opacidad y discreción en el manejo de la bolsa millonaria, y a pesar de las denuncias penales por peculado derivadas de las anomalías, ese año, de elecciones intermedias, se aprobaron 75.5 millones de pesos para el reparto de apoyos. Y para 2022, de nuevo año electoral, se aprobaron 99.5 millones de pesos, lo que quiere decir que dos de cada 10 pesos presupuestados al Legislativo se gastarán en ayudas sociales.

El principal problema, explica Mariana Belló, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción Estatal, es que el otorgamiento de ayudas directas –ese gasto que se pone a disposición de cada uno de los integrantes de la legislatura para que estos decidan unilateralmente su destino y sus posibles beneficiarios– es ajena, excede y contraria las funciones constitucionales del Poder Legislativo.

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Renovación en congreso, caro y miniperiodo

Y es que en ninguna de las 55 fracciones del Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se establecen las facultades del Legislativo, se encuentra la atribución para otorgar “ayudas sociales” directas a la población.

Se trata de una situación de autoasignación de funciones administrativas, lo cual viola la división de poderes, contraría la Constitución y, además, viola al menos un derecho humano y tres constitucionales: a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la igualdad y no discriminación, a la buena administración de los recursos públicos y al de la transparencia y el acceso a la libre información, según expone Belló y otros dos quejosos en un amparo que interpusieron recientemente y del que se consiguió una suspensión definitiva, en espera de audiencia constitucional para resolver el asunto de fondo.

Tanto el Observatorio como el CPC buscarán eliminar la partida en la Legislatura por venir.

Por otro lado, la XVII Legislatura durará solo dos años, pues se hicieron modificaciones para la siguiente renovación se empate con las elecciones federales.

Será entonces, aventura Galaviz, una Legislatura que se antoja poco productiva porque primero tendrán que dar cauce a las más de 400 reformas que quedarán rezagadas del actual periodo y porque los diputados “estarán distraídos por las elecciones de 2024”.

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