El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ante sí la gran oportunidad de demostrar que es, efectivamente, un defensor de la libertad de expresión.
La gran oportunidad del presidente López Obrador
Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente puede evitar que vaya a juicio el general en retiro Mauricio Ávila Medina, de 82 años, citado como “indiciado’’ -acusado- de un delito que no determina el citatorio que le fue enviado.
Pero no es un secreto que el requerimiento obedece a un video en el que el militar, que sirvió 46 años al Ejército, cuestiona la estrategia de seguridad del Gobierno e incluso se atreve a sugerir que el camino por el que va México es la dictadura.
Evidentemente eso molestó a la cúpula militar, seguramente también a López Obrador.
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Pero si el mandatario mexicano y sus apologistas le aplaudieron la defensa que hizo de Julian Assange, a punto de ser extraditado a Estados Unidos y juzgado en ese país, ¿por qué no librar del paredón judicial a un general que sirvió al país casi medio siglo?
Assange, un programador y periodista de origen australiano, es el creador del sitio WikiLeaks.org, que permitía la recepción de documentos secretos que se hacían públicos.
El australiano logró hackear al Pentágono y obtuvo documentos secretos que pusieron en evidencia los excesos cometidos por el Ejército de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán.
A la espera de su extradición a Estados Unidos, en donde se le juzgará y, de resultar culpable podría recibir una condena de 165 años de prisión, Assange ha interpuesto un recurso legal -el último que le queda-, para evitar ser extraditado del Reino Unido.
En días pasados, el Presidente defendió vehementemente a Assange; esta defensa lo llevó, incluso, a proponer el desmantelamiento de la estatua de la Libertad si se consuma la extradición y juicio.
El caso del general Mauricio Ávila es visto más bien como un intento de escarmiento para los militares que osen contradecir al comandante supremo.
Pero si el mandatario mexicano defiende la libertad física y el derecho a expresarse de un espía australiano, ¿por qué no lo haría con un general en retiro que externó una opinión en el sentido del que lo hacen millones de mexicanos?
A ver si desde Estados Unidos o cualquier otro país no amenazan a México con iniciar la campaña para desmontar el Ángel de la Independencia si el general Ávila Medina es llevado a juicio.
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El “bombazo’’ mediático que el Gobierno quiso construir a partir de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los ingresos del expresidente Enrique Peña Nieto huele a petardazo.
Si realmente se quisiera enjuiciar a Peña, tienen las declaraciones de Lozoya y cómo, según el exdirector de Pemex, tuvo conocimiento de las aportaciones de Odebrecht a la campaña priista de 2012 y los posteriores sobornos para recibir contratos de la empresa productiva del Estado.
La acusación se fundamenta en ingresos no reportados por 1.2 millones de dólares, seguramente lo que se gasta en un año en el mantenimiento de su villa en Madrid.
Incluso el tono de la respuesta del exmandatario permite prever que por ahí no será, si realmente deciden enjuiciarlo.
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Por cierto, ¿se fijó, leyó, atendió y entendió, que la inflación en el país fue de 7.9% a tasa anual, muy por encima de los pronósticos más optimistas?
¿No lo vio?
¿Se distrajo en otros temas?
Pues ese debería preocuparle más que la investigación a Peña porque el dato, ese sí verídico y comprobable, afectará a sus bolsillos.