La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo, a través de la Dirección de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, ha emprendido diversas acciones para cumplimentar la supervisión a las empresas de seguridad privada que hay en el estado.
El objetivo es la validación y verificación del cumplimiento del Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Quintana Roo, informó la corporación.
Desde el inicio de la administración del gobernador Carlos Joaquín se han establecido los mecanismos necesarios para que las empresas de seguridad privada tengan el debido cumplimiento de la normatividad y sean coadyuvantes en la prevención y persuasión del delito.
De octubre de 2018 al 30 de junio del 2022 se ha logrado obtener la autorización o revalidación del permiso de 170 empresas, de las cuales 17 brindan el servicio con personal armado.
En el mismo lapso, se han realizado 694 verificaciones domiciliarias a prestadores autorizados, además de 237 requerimientos en campo con la finalidad de detectar empresas irregulares.
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Bajo la lupa empresas de seguridad privada
Generalmente son las plazas comerciales, oficinas gubernamentales, establecimientos, tiendas y fraccionamientos los que cuentan con servicios de seguridad privada.
Existe un trabajo articulado para controlar y detectar cualquier irregularidad que derive de la indebida prestación de los servicios de seguridad privada en Quintana Roo.
Como parte de los trámites para obtener la autorización o revalidación para brindar los servicios de seguridad privada, se realiza una verificación domiciliaria con la finalidad de constatar la información presentada en su solicitud como lo son oficinas, parque vehicular, uniformes y papelería.
Así mismo, se capacita a los elementos operativos de las empresas por parte de oficiales de la Policía Quintana Roo, teniendo un total de 2 mil 625 beneficiados.
Es importante que las empresas que prestan servicios de seguridad privada en cualquiera de las modalidades, cuenten con personal capacitado y certificado mediante una adecuada profesionalización para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
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