Cuando la oposición votó a favor de la creación de la Guardia Nacional (GN), con todo y sus reservas, lo hicieron porque el Gobierno de la 4T, a través de los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, les garantizaron que los mandos serían civiles.
¡Al diablo el Congreso, las policías, los acuerdos, la opinión ciudadana..!
A las semanas los legisladores opositores se dieron cuenta que habían caído en la trampa pues, para hacer como que se cumplía el compromiso, el Gobierno designó a un militar retirado como jefe de la Guardia Nacional.
Esto provocó un escándalo porque la oferta había sido otra.
Entonces el Gobierno planteó un “fuera máscaras’’; es decir, que pasar definitivamente al control del Ejército a la Guardia Nacional, compuesta, en su mayoría, por policías militares y marinos y, en porcentaje, menor por expolicías federales.
Actualmente, la GN se encuentra en el organigrama de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que no es más que una simulación pues los mandos son militares y, desde octubre de 2020, por instrucciones del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, la Sedena asumió el control operativo.
En la modificación constitucional que se hizo cuando se creó la GN, se estableció que el 26 de marzo de 2024, las Fuerzas Armadas se retirarían de las tareas de seguridad pública, pero eso no pasará si prospera el decreto del Presidente con el cual se brinca al Congreso.
No solo se trata de mandar al carajo a las instituciones, en este caso al Congreso, que es el único que tiene la facultad para modificar la Constitución, sino que se eliminaría un obstáculo legal, de los pocos que quedan, en contra de la militarización del país.
Eso es lo que está en el fondo del asunto.
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Víctor Velázquez Rangel y José Antonio Marín, presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa La Cruz Azul, lograron que la empresa mantuviera su participación de 23% a nivel nacional en el mercado de la construcción, pese al aletargamiento de la economía.
Ambos directivos dejaron atrás los conflictos por el reconocimiento oficial a sus cargos luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México declaró la legalidad definitiva de la asamblea celebrada el pasado 29 de septiembre de 2018 en la que fueron electos por los cooperativistas.
Y pese que por ahí de vez en cuando aparece la disidencia, lo que importa a los directivos de la cementera es mantenerse en el mercado de la industria de la construcción que registró una caída de 15% durante la pandemia así como una reducción de las ventas promedio nacionales de 6 por ciento.
Con todo, la cooperativa mantuvo su porcentaje de 23% en la industria y logró un crecimiento de 2% en sus ventas, comparadas con las registradas en el año 2019.
Ahí la llevan.
Con información de: 24 Horas Nacional
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