Por unanimidad, el Pleno en la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece que si al otorgarse libertad condicionada la autoridad penitenciaria no cuenta con un dispositivo electrónico de monitoreo, el juez podrá establecer un convenio judicial de pago o caución para cubrir el costo del dispositivo.
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El dictamen establece que una vez establecida esta medida se procederá con la liberación de la persona privada de su libertad.
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Al respecto, la vice coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Mirza Flores, reconoció en la propuesta la intención de despresurizar las prisiones, pero con ello también se criminaliza la pobreza.
Propuso una reserva para que la reforma garantice el acceso a dichos dispositivos a todas las personas que cumplan con los requisitos, pero no fue admitida.
El documento, que fue enviado al Senado, también propuso modificaciones al sistema de reinserción social de las personas privadas de su libertad, así como el fortalecimiento de las bases para el acceso al trabajo y la capacitación para el mismo.