El eurodiputado belga Marc Tarabella no declaró un viaje pagado por Qatar, reconoció su defensa, unos días después de que su colega Marie Arena informó de un “olvido” similar, en pleno escándalo de presunta corrupción en la Eurocámara.

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Tras inculpar a cuatro personas por presunta corrupción en favor de Qatar, las autoridades pidieron que se levante la inmunidad de Tarabella, cercano a Pier-Antonio Panzeri, un exeurodiputado italiano en el centro del caso y en casa de quien se incautaron 600 mil euros en efectivo.

Tarabella, cuyo domicilio también fue registrado, niega toda complicidad, pero el eurodiputado admite haber efectuado un viaje pagado por Qatar en febrero de 2020 que no declaró ante el Parlamento, como debía hacerlo.

“Estaba invitado para un congreso. Es la organización la que pagó”, indicó su abogado Maxim Töller. “No lo declaró aún. Partió luego a Ghana, después tuvo Covid“, explicó.

“Va a regularizar las cosas. No hay nada de ilegal en tener un viaje pagado por una organización”, insistió el abogado, quien subrayó que el diputado fue a ver la construcción de los estadios y pidió reunirse con trabajadores.

Marc Tarabella subrayó en noviembre en el hemiciclo “la evolución positiva” de los derechos en Qatar, en nombre de la “realpolitik” y a título de “aliento”, según Maxim Töller. El miércoles, la eurodiputada belga Marie Arena también reconoció haber omitido declarar una misión a Qatar en mayo de 2022 pagada por el emirato.

Arena culpó del “olvido” a su secretaría y habló de un “documento bastante complicado de rellenar”, según declaraciones a la prensa belga. Luego renunció a su presidencia en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, un cargo que había ocupado antes Pier-Antonio Panzeri.

El 2 de enero, el Parlamento Europeo anunció el inicio de un procedimiento para levantar la inmunidad de dos eurodiputados. Aunque no divulgaron nombres, fuentes cercanas a la investigación informaron que se trata del representante italiano Andrea Cozzolino y de Tarabella.

Ambos están en el punto de mira de la investigación que llevó a los responsables en Bélgica a detener el 9 de diciembre a una de las vicepresidentas de la institución, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili.