Un ginecólogo estadounidense confesó este fin de semana que había violado la nueva ley de aborto de Texas, exponiéndose a un enjuiciamiento que podría permitir revisar la constitucionalidad de este texto por un tribunal.
En una columna publicada por el Washington Post, Alan Braid explica haber practicado un aborto el 6 de septiembre a una mujer que ¡estaba más allá del nuevo límite establecido por el estado conservador! en el sur de Estados Unidos.
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El médico, que cuenta con 45 años de experiencia profesional, sostiene que actuó de acuerdo con su ¡obligación de cuidar! a su paciente, y por respeto a ¡su derecho fundamental! a ser atendida.
¡Era muy consciente de que podría haber consecuencias legales, pero quería asegurarme de que Texas no se saliera con la suya !, explicó.
La nueva norma, que entró en vigor el 1 de septiembre, prohíbe el aborto en Texas, incluso en casos de violación o incesto.
Esto una vez que se detectan los latidos del corazón del embrión, es decir, alrededor de las seis semanas de embarazo.
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La ley estatal contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que reconoció en 1973 el derecho de la mujer a abortar mientras el feto no sea viable, es decir alrededor de las 22 semanas de gestación.
A pesar de todo, el máximo tribunal del país se ha negado hasta ahora a suspender la ley texana citando ¡nuevas cuestiones de procedimiento!.
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En efecto, la norma texana incluye una disposición inédita:
Encomienda la vigilancia de su aplicación ¡exclusivamente! a los ciudadanos, llamados a presentar una denuncia contra toda persona sospechosa de haber ayudado a una mujer a abortar.
Esta disposición legal ha dificultado hasta ahora la intervención de los tribunales federales.
Normalmente, los defensores del derecho al aborto demandan a los fiscales encargados de hacer cumplir la ley.
Pero en el caso de Texas no tienen a nadie a quien citar mientras no se haya presentado una denuncia.
La confesión del doctor Braid debería permitir salir de este callejón sin salida.
Si lo demandan, puede impugnar la legalidad de la ley y un tribunal deberá decidir.
En paralelo, otra vía legal ha sido abierta por el gobierno del presidente demócrata Joe Biden, que ha presentado una denuncia directamente contra el estado de Texas por violación de la Constitución.