Por Redacción
CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo tendrá en 2019 más recursos para combatir la inseguridad. Serán poco más de 185 millones de pesos.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su tercera sesión extraordinaria, aprobó los criterios de distribución, fórmulas y variables de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) del ejercicio fiscal 2019.
El Congreso de la Unión dio el visto bueno y ya ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Son 10 millones de pesos más, en comparación con lo obtenido en 2018, para socavar el crimen en la entidad.
CAMBIAN LAS REGLAS
Las reglas han cambiado, hay nuevos criterios de distribución; disminuyeron a seis: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, Fortalecimiento Tecnológico y de Información, Sistema Penitenciario, Tamaño del Problema, Población y Prevención.
Del total que obtendrá la entidad, 25% corresponderá al primer y segundo rubro, respetivamente; y 15% por cada uno de los demás puntos, exceptuado el último, por el que se recibirá 5%.
Del Fortalecimiento de Capacidades Institucionales se dice: “Este monto está dirigido a financiar acciones de Completitud del Modelo Nacional de Policía, la Certificación Única Policial, Equipamiento, Equipamiento de instituciones, Operación de Unidades de Inteligencia Financiera estatales y la Optimización de Servicios Médicos Forenses (Semefo)”.
El monto para Fortalecimiento Tecnológico y de Información está dirigido a financiar acciones de Interconexión Tecnológica de Sistemas de Información; la Operación de la Red Nacional de Radiocomunicación; el Fortalecimiento tecnológico del Registro Público Vehicular (Repuve), y la Operación del Sistema de Videovigilancia y Geolocalización.
En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reprobó a la policía estatal de Quintana Roo, precisamente por contar un una precaria infraestructura de apoyo a la función de seguridad.
En cuanto al sistema penitenciario, el estado podría verse en aprietos pues el mes pasado la Comisión de Derechos Humanos alertó por las condiciones deplorables en las que se encuentran las Centros de Reinserción Social (Cereso).