Por Ricardo Hernández
CANCÚN, Q. Roo.- Luego de tres años, después de una serie de recursos legales ganados, con la presión política y empresarial a cuestas, el Malecón Tajamar se reabrirá el próximo 19 de febrero, se dará acceso tanto a peatones como a automotores y se le dará mantenimiento.
Así lo dio a conocer Anahí González Hernández, regidora y presidenta de la Comisión de Ecología y Turismo del Ayuntamiento de Benito Juárez, quien formó parte del grupo que acordó la reapertura total, conformado por integrantes del gobierno municipal, ciudadanía y ecologistas que procuraron el manglar desde el día en que se pretendió remover.
“Nos tocará ahora cuidar su flora y fauna tirando la basura en su lugar, utilizando los senderos habilitados, respetando la señalética y difundiendo su belleza”, exhortó.
REMEMORACIÓN
El caso del proyecto Malecón Tajamar subió a escándalo internacional cuando la madrugada del 16 de enero de 2016 fue bloqueado el lugar por elementos policiales, mientras un convoy de maquinaria pesada devastaba zona de manglar para comenzar las obras de construcción de residencias de lujo, locales comerciales y demás instalaciones.
Aquel día, ambientalistas se congregaron ahí para impedirlo, posteriormente se recurrió a diversas instancias jurídicas que condujeron a una sentencia en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.
Un amparo obligaba a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a abstenerse de ejecutar la autorización de la MIA al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que permitía la remoción del manglar.
El resolutivo impide la emisión de una nueva autorización y obliga a la Semarnat a restaurar la zona que resultó afectada tras la irrupción de maquinaria en el lugar en enero de 2016.
Por su parte, la sentencia devino y se publicó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tesis aislada, criterio que interpreta un precepto legal que no ha alcanzado a ser obligatorio, que orienta el discernimiento de los administradores de justicia y que sirve para formar jurisprudencia.
Sin embargo, la Semarnat tardó más de seis meses en presentar el estudio que serviría como hoja de ruta a seguir para la restitución del mangle, y lo presentó luego de cuatro solicitudes de prórroga. En dicho período, el Malecón permanecía cerrado y sin mantenimiento.
En agosto de 2018, ambientalistas convocaron a la ciudadanía a participar en la reapertura simbólica del Malecón, acto en el que enviaron un mensaje a los gobiernos federal, estatal y municipal: Háganse cargo de Tajamar y denle mantenimiento.
Tanto las administraciones como cierta parte de la sociedad civil intentó sabotear el acto, arguyendo motivos legales.
Un mes después, en respuesta de una petición de información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no existía resolución o recurso pendiente por resolver respecto al Anteproyecto Malecón Tajamar.
Lo anterior implicaba que podrían abrirse las entradas al lugar, incluso a los automóviles, para que circulen por el área.
RESPUESTA DE LA SCJN
Mediante una solicitud de acceso a información atendida por la Secretaría General de Acuerdos, órgano de la SCJN, para esclarecer si existía algún asunto legal pendiente por resolver en Tajamar, derivado del expediente 1064/2015 del juicio de origen, se indicó que todos los juicios en torno al tema habían sido resueltos.
Con respecto al Amparo en Revisión número 795/2017, resuelto el 3 de agosto de 2018, se informó que éste fue desechado por ser “notoriamente improcedente”.
En lo correspondiente al recurso de reclamación, resuelto el 6 de diciembre de 2017, se indicó que fue declarado procedente, pero infundado, por lo cual está descartado.
Por último, la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción, resuelto el 6 de abril del año en curso, se declaró sin materia. Así pues, quedaba a la voluntad política actuar en consecuencia.
Algo que solo pasó luego de tres años del intento de remoción de mangle, de la resolución por la autoridad judicial máxima y la perseverancia de los activistas.