Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo.-La capital de Quintana Roo es una de las ciudades menos incluyentes, debido al significativo retraso en la infraestructura necesaria para facilitar la movilidad de personas con discapacidad.
Agrupaciones, activistas y autoridades estatales estiman que alrededor de ocho mil habitantes y otros cientos de visitantes y turistas enfrentan severas dificultades para trasladarse por las vías públicas, banquetas o acceder a los edificios públicos de Chetumal.
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Personas con discapacidad motriz, invidentes, sordomudos, y con problemas intelectuales o mentales, no cuentan con la infraestructura, ni señalización urbana necesaria para su movilidad.
Además, la población en general continua sin respetar las pocas señales y los espacios que la comuna y algunos particulares han colocado en los lugares de concentración, como hospitales, edificios gubernamentales, plazas comerciales y algunas zonas del centro y primer cuadro de la ciudad.
En las colonias populares la problemática es mayor y las rampas y espacios para discapacitados son más escasas. Las autoridades encargadas de regular el transporte tampoco han procurado en los concesionarios la obligación de contar con lo necesario para facilitar el abordaje de los usuarios con problemas motrices o de la vista.
Desde el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, los responsables de las áreas de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas se negaron a dar información sobre este problema.
En la dirección de Tránsito se documentó que diariamente existen entre 20 y 25 reportes de automovilistas que ocupan los lugares señalados y apartados para las personas con discapacidad. También hay una estadística por la imposición de entre 15 y 20 multas mensuales por este mismo motivo.
De acuerdo con las autoridades la diferencia entre quejas y multas se refiere a que muchas veces las operadoras del servicio de emergencias que reciben el reporte no consideran necesario enviar una patrulla, o lo realizan de manera tardía, lo que también debe considerarse como una deficiencia.
SIN ESPACIOS ADECUADOS
Cristian Muñoz Castillo, presidente de Unificación Integral Quintanarroense para Personas con Discapacidad A. C., dio a conocer que a pesar de que la Ley para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el estado se publicó en julio de 2013, aún no existe una reglamentación secundaria, y sus efectos no han sido los suficientes.
Aseguró que aunque han participado en diversas reuniones con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, y existe un comité interinstitucional para dar seguimiento al tema, hasta la fecha no se ha expedido la ordenanza que puntualizará las obligaciones de cada instancia pública para atender los requerimientos.
Por ello, advirtió que se puede observar de manera recurrente y grave a personas de este sector circulando por el arroyo vial, exponiendo su integridad física a cualquier tipo de accidentes.
"Más del 50% de las rampas que hay, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, son simuladas, están construidas de manera que no permiten una buena movilidad a quienes usan silla de ruedas, pero tampoco hay señales para invidentes, o para los sordomudos, quienes también requieren de información urbana", aseguró.
Lamentó que, a la fecha, las autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco no cuente con un estimado del avance en la adecuación de la infraestructura vial, menos de algún plan de atención para la gran cantidad de banquetas y guarniciones que deben atenderse para beneficio de la población que tenga necesidad de usarlas.
Dijo que en la zona rural tampoco hay avances en la tarea de apoyar la movilidad de este segmento poblacional.
Del transporte ni hablamos, expuso, y advirtió que en Chetumal solo hay un taxi con los mecanismos suficientes para abordar a personas en sillas de ruedas; los autobuses, demás taxis y combis urbanas tradicionalmente han laborado sin ninguna modificación a favor de estas las personas.
RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Sobre el tema habló también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Cdheqroo), Marco Antonio Toh Euán, quien consideró grave el problema y subrayó que el principal obstáculo para las autoridades es la falta de recursos económicos para llevar a cabo las adecuaciones en la infraestructura urbana.
Para el ombudsman este tipo de discriminación es estructural, histórica, una violación continua a los derechos humanos en el contexto de la defensa de las garantías constitucionales; en este caso, de quienes habitan y visitan la capital quintanarroense.
"Es un reto presupuestal, la urgencia es que todos los sitios públicos cuenten con sus rampas, elevadores y accesos especiales, pero no solo se debe atender la discapacidad motriz, también es necesario tomar en cuenta la necesidad de señalización para sordomudos, invidentes, y la discapacidad intelectual", aseguró.
Coincidió con Muñoz Castillo y dio a conocer que, en un recorrido de campo, se pudo documentar que en este tema existe mucha simulación dado que en las rampas hay muchas fallas, están simuladas, existen pero tienen barreras que impiden usarlas, o donde hay rampas no permiten el acceso por que hay paraderos, jardineras, postes de luz o cualquier otro tipo de bloque.
El defensor de los derechos humanos recordó que el 1 de diciembre de 2014 se emitió la Recomendación General CDHEQROO/001/2014, dirigida a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como a todos los honorables ayuntamientos del estado, de la cual derivaron cuatro puntos que abarcaron: la armonización legislativa, la inclusión, accesibilidad y la toma de conciencia para atender el problema.
Dijo que de esta recomendación, aun cuando fue aceptada por las autoridades, solo hay resultados parciales en su cumplimiento.
El 1 de diciembre de 2017 se emitió el pronunciamiento especial sobre la recomendación, en razón del seguimiento a la misma.
Para la capital del estado y en lo que se refiere al ayuntamiento de Othón P. Blanco, como autoridad responsable, se observa en el rubro de Armonización Legislativa: que se necesita adoptar medidas y de reglamentación para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
En el rubro de accesibilidad: por un lado, se acreditó que en algunas avenidas de Chetumal se realizaran cambios a estructuras, rampas, accesos, entre otros; sin embargo, se señala la falta de acondicionamientos necesarios para que las personas con discapacidad tengan el acceso a los servicios que requieran en las instalaciones del ayuntamiento.
En cuanto a Inclusión: se presentaron evidencias de algunas actividades culturales y de recreación en las que se contó con la participación de personas con discapacidad; la formación de un Consejo Integral, enfocado a la promoción, orientación de planes.
En su plantilla de trabajo, la comuna informó que cuenta con 14 personas con alguna capacidad diferente que laboran en diversas unidades administrativas, programas, apoyos técnicos y políticas en beneficio de este grupo de atención prioritaria.
Toma de conciencia: se aportaron evidencias de diversas actividades de promoción, encaminadas a la sensibilización respecto al tema realizadas por el Consejo Integral, con la finalidad de generar tanto en integrantes del servicio público como población en general, la toma de conciencia en relación a los derechos de este grupo de atención prioritaria.
LO QUE DICE LA LEY
La Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Quintana Roo tiene por objeto establecer las condiciones en las que el estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos.