Por Elisa Rodríguez
Cancún.- Hasta julio contará el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) con ley actualizada, para otorgar o negar los permisos para plataformas digitales como Uber, afirmó Jorge Pérez Pérez, director del organismo.
Precisó que esta institución le aclaró a la empresa que, como es de reciente creación, no está facultada para expedir nuevas concesiones o autorizaciones, de modo que la transnacional aún no puede operar en el estado.
Aclaró que la respuesta se dio en tiempo y forma, desde el ocho de abril, y desmintió los señalamientos de Saúl Crespo, gerente de Comunicación de la transnacional, quien dijo que el Instituto no había dado respuesta a la solicitud de operación de la plataforma, que se le entregó hace más de 90 días.
Jorge Pérez Pérez aseguró que puede probar su declaración:
“Yo tengo el sello de recibido el día 9, confirmado por la persona que la recibió (la resolución) en sus oficinas y la respuesta es sencilla: el Instituto es de nueva creación y no está facultado en este momento para expedir nuevas concesiones o autorizaciones”.
Dijo que, por ley, el Imoveqroo dispone de tiempos para la elaboración de reglamentos,que se deben terminar en julio de este año.
“Será hasta entonces cuando estaremos en condiciones de autorizar esa y otras solicitudes de concesiones y permisos, pero sin reglamento no podemos otorgar concesión o permiso alguno”, aseveró el directivo.
Durante una entrevista en Radio Fórmula, el funcionario recalcó que Uber, de acuerdo con el capítulo VII de la Ley de Movilidad, requiere autorización, no concesión.
Expuso que Uber se aferra a solicitar un permiso, no a acatar la ley, con la idea de que no es un servicio público, por lo que solicitó un amparo para entrar a funcionar en Quintana Roo con base en una norma que ya no está vigente.
Esa norma, el decreto 213, fue publicada el 14 de junio del año pasado; sin embargo, se modificó en julio, con el decreto 253, que especificó otras condiciones para que este tipo de empresas entren en funciones, precisó.
Finalmente, Pérez Pérez mencionó que la empresa habla de tener una suspensión definitiva, con la que se entraría de lleno a la resolución de un amparo.
“Eso rebasa la actividad del Instituto porque están amparándose contra una ley, no contra las actividades del Instituto, de modo que la resolución final está en el ámbito jurídico, en el ámbito legal de Uber y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado”, sentenció.