Por Eugenio Pacheco
Chetumal.- Diputados estatales aún esperan que el Poder Ejecutivo emita el reglamento del Instituto para la Inclusión y Atención a las Personas con Discapacidad, así como para que nombre un responsable.
La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, diputada Leslie Hendricks Díaz, consideró que existe un retraso en la atención de este segmento poblacional, ante la falta de aplicación de los reglamentos y de un organismo que se encargue de vigilar el actuar de los gobiernos.
Recordó que desde diciembre se aprobaron reformas a la ley, para crear un instituto que vigile el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, del estado y municipales hacia este sector, tales como las facilidades de movilidad, debido a que las barreras arquitectónicas no permiten fácil acceso a los edificios y áreas públicas a invidentes, sordomudos y personas con discapacidad motriz.
La diputada añadió que, desde el instituto, que debe conformarse en breve, se pueden gestionar recursos federales o de organizaciones no gubernamentales para atender la falta de infraestructura urbana y regular que se cumplan los compromisos para combatir el rezago de la entidad dentro del rubro.
Hendricks Díaz destacó que la reforma aprobada dota de un presupuesto inicial de cinco millones de pesos al instituto, cuya primera tarea será la elaboración de un padrón de personas con discapacidad en el estado.
“Las personas con discapacidad representan un 6% del total de la población, pero desconocemos qué tipo de discapacidad tienen y sus necesidades” aseguró.
Este padrón será la base para identificar los requerimientos de cada persona en esta situación, en qué zonas del estado habitan y si su condición es de nacimiento o adquirida por enfermedades o accidentes, entre otros datos importantes.
La legisladora añadió que con esta información será posible elaborar acciones concretas a través de políticas públicas de inclusión y atención para este grupo vulnerable.
Finalmente, dijo que el proyecto plantea crear un organismo descentralizado con patrimonio propio, integrado por representantes de asociaciones civiles y por autoridades relacionadas con el sector.
La participación ciudadana será importante como un paso más en el fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo integral del segmento.