Por Geovanny Zapata
CHETUMAL, Q. Roo.- Quintana Roo contará con nuevo tarifario para el servicio de transporte público, que entrará en vigor en los próximos nueve días hábiles, informó el director del Instituto de Movilidad en Quintana Roo

Jorge Pérez Pérez afirmó que la publicación de las nuevas cuotas había sido pospuesta por el análisis de las 13 mil rutas que hay en la entidad, así como por modificaciones al Artículo 204 de la Ley de Movilidad, donde se estipulan las multas en UMAS.

Agregó que la nueva norma ya se encuentra lista y en espera de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado para darle la validez requerida.

En cuanto al Artículo 204, explicó que las multas eras exorbitantes, pues las graves tenían un rango de 300 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando esta unidad equivale a 84.49 pesos.

Una UMA es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos por las leyes federales y de las entidades, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

“Estamos hablando de 26 mil pesos a más de 80 mil pesos de multa, entonces era una cosa impagable”, enfatizó.

Expresó que, desde un principio, se habló con los diputados de la XV Legislatura sobre los excesos en dicho artículo; éstos dieron propuestas y bajaron las UMAS por multas graves de 150 a 700; además, agregaron la posibilidad de que, en el término de 10 días hábiles pudiera allanarse el procedimiento y acceder a un descuento de 40%.

“Esto invita a que se tenga un espacio de tiempo para juntar ese dinero; a lo mejor regularizar el seguro si es que se les multó porque no lo traían, pagarlo y sacar su vehículo para poder seguir trabajando”, indicó.

El ajuste a las tarifas ha sido anunciado desde el segundo semestre del año pasado; sin embargo, el nacimiento del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, fue la principal excusa para que, hasta el momento, no se logre concretar.

El funcionario agregó que será en los primeros de julio cuando por fin los concesionarios del transporte público vean aterrizada una de sus principales demandas.
VALIDEZ

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