Ana Guevara se defiende; son calumnias, dice sobre la denuncia que pesa en su contra, realizada por empresarios veracruzanos. Está acusada de extorsión y de la desaparición forzada de personas.
La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue señalada por participar en una red de corrupción en la que otorgaban contratos para el abastecimiento de comedores, a cambio de un porcentaje.
Según los denunciantes, Armida Adriana Ramírez Corral, comadre de Ana, negociaba los sobornos con las empresas; estos consistían en cobrar 150 mil pesos por un contrato y, después, otorgar 15% de la licitación concedida.
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De acuerdo con los querellantes, la Conade no les pagó los contratos firmados, situación que llevó a algunos a la bancarrota.
La ex velocista mexicana dio la cara y afirmó que: “Lo único que puedo decir es que es una calumnia. No tengo ningún vínculo con estas personas de manera directa. El único vínculo que existe es con mi comadre, pero nada respecto a extorsiones o moches como se señala”.
Sobre la empresa afectada, CIMSA, indicó que el contrato rescindido el 31 de diciembre pasado, por los convenios de calidad que se tenía con los comedores de la Conade.
“De todo lo demás, desconozco. Me involucran en la desaparición de una persona que no conozco y tampoco tuve contacto con el representante jurídico de la empresa ni con ningún trabajador. Todo se llevó a cabo con la administración y dentro de la Conade está el expediente que indica los motivos por los que se finiquitó el contrato. Yo tengo la tranquilidad de que todo está en orden y que todo lo que se ha dicho hasta hoy es falso”, añadió la corredora.
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Ana Guevara se defiende; son calumnias, dice; no es el único escándalo en el que se la señala
Hace algunos días, la Revista Proceso publicó un reportaje en el que afirma que la Conade gastó 72 millones de pesos del presupuesto del 2019 en la contratación irregular de aviadores, amigos y familiares en 306 plazas que requerían perfiles específicos para atender deportistas de alto rendimiento.
A estas personas se les pagaba entre 35 y 41 mil pesos por sólo hacer acto de presencia en sus oficinas, lo que contravenía a la política de austeridad impuesta por el Presidente de la República.
Con información de 24 Horas México