CANCÚN.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se sumará a los esfuerzos de vigilancia de la investigación penal en contra de la madre del diputado Gustavo Miranda y de su amigo, el dirigente del PVEM, Pablo Bustamante, por supuestamente encabezar una red de corrupción y despojo de bienes inmuebles en Cancún.
“En días pasados, en diversos medios de comunicación nacionales y locales, se dio a conocer una probable red de corrupción en el sector inmobiliario en el norte del estado de Quintana Roo, donde diversos actores participan para concretar despojos de inmuebles a través de la presunta participación de entes públicos y del sector privado”, señaló el CPC a través de un comunicado.
Informó que, derivado de esto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento a lo expuesto en el video y notas emitidas en los medios de comunicación.
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“Uno de los objetivos del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo es la coordinación interinstitucional efectiva, es por ello que el Comité de Participación Ciudadana estará atento al seguimiento que la Fiscalía dé al caso y activará, si es necesario, los mecanismos de coordinación pertinentes, dentro del Comité Coordinador del Sistema, con el objetivo que se brinde claridad a las investigaciones y que no se interfiera por ningún motivo en el avance de las gestiones que correspondan al interior de la carpeta de investigación”, añadió.
Integrantes del organismo colegiado enfatizaron que estarán atentos a los trabajos de la Fiscalía con el fin de dar certeza a la ciudadanía, cuidando que los procesos legales siempre sean respetados y alineados al marco normativo.
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Pablo Bustamante Beltrán, regidor de Cancún, y Érika Luz García Deister, madre del diputado Gustavo Miranda, fueron demandados por un presunto fraude cometido para hacerse de un inmueble en una de las zonas más exclusivas de la entidad, en Puerto Cancún.
Una demanda laboral a modo, la complicidad de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, el aval de un polémico notario y la ayuda del regidor Pablo Bustamante le sirvieron a Érika García, una importante empresaria del Caribe Mexicano, para dejar de pagar un crédito de 833 mil dólares, con el cual compró un lujoso condominio ubicado en la zona hotelera de Cancún.
El proceder de estos personajes es casi idéntico a los métodos utilizados por la red de funcionarios y empresarios vinculados al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, actualmente preso por, entre otras cosas, despojar a personas de inmuebles.
Una trama documentada por Silber Meza y Maribel Ibarra, en “Los piratas de Borge”, texto que da cuenta de ventas irregulares en 19 departamentos ubicados en el mismo edificio donde ocurrió este nuevo caso.
Por este presunto fraude, la Fiscalía Anticorrupción informó el pasado 16 de abril que abrió una carpeta de investigación al respecto.