En Tamaulipas está en juego, sin exagerar, el pacto federal en su actual modalidad, y el Estado de derecho.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, deslizó la posibilidad de que la Cámara alta pudiera intervenir en el conflicto desatado en Tamaulipas por la orden de aprehensión girada en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
La única forma en la que el Senado puede intervenir en el conflicto es declarando la desaparición de poderes.
La decisión, sin embargo, se ve lejana, mucho, porque García Cabeza de Vaca está cobijado por el resto de gobernadores panistas y un grupo de priistas.
Tamaulipas tiene una historia en eso de desaparición de poderes.
El 14 de febrero de 1924 se decretó la desaparición de poderes porque el entonces gobernador, César López de Lara, se levantó en armas contra el Gobierno federal. Fue sustituido por Gregorio Garza Salinas.
El 9 de abril de 1947 fue defenestrado el gobernador tamaulipeco Pedro Hugo González, acusado de encubrir el asesinato de un reportero que resultaba incómodo para su administración.
La última desaparición de poderes en México ocurrió el 29 de abril de 1975, cuando cayó el gobernador de Hidalgo, acusado de graves violaciones a las garantías individuales.
Hoy los tres poderes de Tamaulipas pueden ser acusados de rebelión en contra de la Federación por proteger a su gobernador, sobre quien pesa una orden de aprehensión.
El Gobierno federal parece cauto, quizá porque en el fondo sabe que el tema del desafuero no está suficientemente claro; para algunos sí perdió el fuero y para otros lo mantiene después de que un ministro de la Corte desechara una solicitud de controversia constitucional presentada por el Congreso local.
Ayer, Morena en el Senado intentó avanzar en la aprobación de un período extraordinario para desaparecer los poderes en Tamaulipas, pero fracasó ante el bloque que formaron PAN, PRI y PRD.
Si en algún momento se concreta la captura de García Cabeza de Vaca o la desaparición de poderes en la entidad, otros estados y otros gobernadores tendrían argumentos suficientes como para justificar su insistencia en el rompimiento o por lo menos en el rediseño del pacto federal.
Y eso no es cualquier cosa.
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El tema del desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins ha pasado medio desapercibido, a pesar de que se trata de uno de los más grandes en contra de una organización de asistencia.
De acuerdo con una denuncia presentada por la Junta de Asistencia Privada del estado de Puebla, el desfalco sumaría algo así como 720 millones de dólares presuntamente tomados -es un decir- por los familiares de la filántropa.
La Junta de Asistencia poblana presentó las denuncias correspondientes por lo que les fueron congeladas y embargadas propiedades a la familia Jenkins, que lejos de dar la cara, trataron de descalificar la decisión del juez, argumentando que el fallo no es procedente, pues el domicilio fiscal de la fundación está en Jalisco y no en Puebla.
El argumento fue desechado y ahora la Junta de Asistencia espera pasar del tema administrativo al penal, hasta que sea devuelto el dinero mal habido.
A ver.
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Controvertido y todo, Ricardo “El Pollo” Gallardo, candidato del Verde a la gubernatura de San Luis Potosí, mantiene ventaja en las preferencias electorales.
De acuerdo con la encuesta de De las Heras Demotecnia, Gallardo tiene 45% de las preferencias en contra de Octavio Pedroza, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, con 30% de las preferencias.
En términos absolutos, Gallardo iría 100 mil votos arriba de Pedroza.