Carnival Corporation emprende una batalla legal para dejar sin efectos la Ley de Hacienda del Ayuntamiento de Cozumel, en lo relativo al cobro de Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA).
Fue el 13 de febrero de 2020 cuando la operadora de cruceros británico-estadounidense presentó el amparo 231/2020, promovido por Iván Rodrigo Cruz Bencomo.
Se trata de un amparo en materia administrativa y submateria contribuciones en contra de los artículos 135 bis, 135 ter, 135 quáter, 135 quinquies, 135 sexties y 135 sépties de la Ley de Hacienda del Ministerio de Cozumel, en lo correspondiente al cobro del derecho de saneamiento ambiental. Como autoridad mencionada aparece el Congreso de Quintana Roo.
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Y es que el Congreso aprobó en diciembre de 2019 aplicar el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental a quienes arriben a Cozumel por vía marítima.
La aplicación del derecho a los visitantes que arriben por vía marítima a la Isla de las Golondrinas se aplicó desde el 1 de marzo de 2020, con excepción de quienes residen o laboran en Cozumel, así como de las tripulaciones que lleguen a la isla en el desempeño de sus tareas profesionales.
Para las personas que permanezcan menos de 24 horas en el municipio, el Derecho equivale a 15% del valor de la U.M.A. diaria por persona ($13.03 pesos por persona), informó el gobierno municipal en su momento.
Los usuarios de cuartos de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles continuarán pagando el 30% del valor de la U.M.A. diaria por habitación por noche ocupada.
“Cozumel es uno de los principales destinos turísticos de la Riviera Maya y primer lugar de la industria de cruceros en el Caribe. Anualmente recibe a más de cinco millones de turistas que permanecen menos de 24 horas en la isla”, se lee en un comunicado del Ayuntamiento donde anuncian las medidas.
“Al igual que en el cobro del DSA vigente desde enero de 2019, el municipio agradece la cooperación de las empresas dedicadas al transporte de personas y bienes, en este caso, de las compañías que manejan ferries y transbordadores, en el proceso de recaudación del DSA que deben pagar los turistas usuarios de sus servicios”, añadía.
A finales de octubre de 2020 se sobreseyó el juicio, sin embargo, la empresa interpuso un recurso contra la sentencia en noviembre.
Ahora será el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito quien revise el recurso y defina el futuro del amparo.
Revisión
El amparo que presentó la empresa en febrero del 2020 se sobreseyó a fínales de octubre, pero en noviembre apeló la sentencia del juez y ahora el caso está en manos del Tribunal Colegiado en Quintana Roo.
Ricardo Hernández