El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, lleva sobre sus hombros una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de peculado y uso de recursos públicos para fines electorales.
Y es que en marzo de 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo tramitó una demanda en contra de la XV Legislatura, la Oficialía Mayor y la Gran Comisión que presidía Martínez Arcila, por haber gastado cerca de 150 millones de pesos en “ayudas sociales” en beneficio de militantes del PAN, sindicalizados y hasta familiares de una congresista.
Integrantes del organismo han interpuesto un total de tres recursos legales.
“Todas, incluida la denuncia en contra de la Gran Comisión de Martínez Arcila, permanecen vigentes”, comentó Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
“Hemos interpuesto, tanto en esta legislatura como en la pasada, recursos de investigación en la Fiscalía General de la República y en la estatal por el desvío de recursos, mismas que no han caminado”, dijo.
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Sigue bajo la lupa Eduardo Martínez
De 2016 a 2018, según documentó la organización Somos tus Ojos, la pasada legislatura gastó 147.6 millones de pesos en “ayudas sociales”, con irregularidades como falsificaciones de firmas y repartos a discreción y en la opacidad.
A Eduardo Martínez se le acusa de haber beneficiado con cerca de 5 millones de pesos a una serie de panistas cercanos al ex gobernador Jesús Martínez Ross, cuando estuvo al frente de la XV Legislatura, pues fue quien ordenó el ingreso a nómina de estas personas que cobraban compensaciones, pero no trabajaban.
Desde 2016, las plazas fueron incorporadas, pero hubo un repunte notorio en 2019, previo a su retiro al frente del Congreso como presidente de la Gran Comisión.
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