La diputada transexual María Clemente García, de Morena, presentó una iniciativa para regular el trabajo sexual, por primera vez, a escala federal.
Lo anterior, mediante una reforma a la Ley Federal del Trabajo y considerar el sexoservicio como una actividad lícita mediante la adición de un capítulo XVIII y los artículos 353-V, 353-W, 353-X y 353-Y al título sexto.
La propuesta plantea definir el trabajo sexual como una “actividad que se ejerce en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o por medios digitales, de manera libre, voluntaria, autónoma, consentida y sin coerción, entre personas mayores de 18 años de edad, a través de la realización de servicios sexuales, eróticos y/o de acompañamiento, a cambio del pago de una remuneración económica, sea en dinero o especie, de conformidad con las condiciones de tiempo, lugar y costo establecidas de común acuerdo entre la persona trabajadora sexual y la persona usuaria sexual”.
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Buscan que trabajo sexual sea una actividad lícita
La propuesta establece que quienes se dediquen al sexoservicio “tienen derecho a no ser discriminadas por su actividad laboral, a la protección de la salud, así como al acceso a servicios de salud para la atención integral y gratuita cuando no cuenten con seguridad social”.
Bajo esta línea, la propuesta –que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria– indica que quienes ejerzan esta práctica deberán hacerlo en condiciones de salubridad, por lo que tanto la persona prestadora como quien pague por el “servicio”, estarán obligadas a evitar riesgos de contagio de enfermedades y, en caso de no cumplirse, se dará lugar a las responsabilidades civiles o penales meritorias.
La legisladora señala importante distinguir entre trata de personas en su modalidad de explotación , delito definido en la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos y trabajo sexual el cual se ejerce con autonomía.
En días anteriores, la diputada trans se declaró sexoservidora y con derecho a ejercer esa actividad a la par de sus funciones como legisladora luego de publicar un video con contenido erótico y de la polémica por los mensajes en la misma tónica que ha publicado en sus redes sociales.
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