Tal y como se esperaba, luego de que el Pleno del Senado de la República aprobó el denominado Plan B de la reforma electoral, abundaron las reacciones al respecto por parte de distintos actores políticos, analistas, comunicadores y especialistas en la materia, lo cual dejó entrever el camino que habrá de recorrer a partir de ahora.
Como dimos a conocer en su momento, quedó fuera la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitiría la transferencia de votos de los partidos mayoritarios a los minoritarios, a fin de que estos últimos no perdieran su registro.
Ahora bien, luego de haber sido aprobada en lo general y lo particular, la minuta se turnó al titular del Ejecutivo federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y su correspondiente entrada en vigor.
En consecuencia, el bloque opositor promovió acciones de inconstitucionalidad —que fueron admitidas— ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El resultado fue que se ordenó su suspensión en los estados de México y Coahuila.
Así, la resolución del asunto queda en este momento bajo responsabilidad de la SCJN, cuyas ministras y ministros deberán determinar a la brevedad la constitucionalidad y validez del Plan B, antes de junio de 2023, mes en que se llevarán a cabo elecciones en las dos entidades mencionadas.
Cabe señalar que, para declarar inválido el Plan B, se requiere que ocho de los 11 ministros y ministras —es decir, una mayoría calificada— voten en ese sentido, ya que el artículo 105 constitucional establece la prohibición de realizar cambios a las normas electorales 90 días antes de los procesos comiciales federales.
Recordemos que el Plan B, entre otros aspectos, contempla una reestructuración (más no la desaparición) del Instituto Nacional Electoral, mediante la fusión de diversas áreas de su órgano central, lo que implica reducir su presupuesto y mandos ejecutivos en las 32 juntas locales existentes, así como la eliminación de fideicomisos millonarios.
A partir de ahora, lo que sigue es mantenernos pendientes de la resolución de la Corte, ya que de ello depende preservar la certidumbre en relación con el proceso electoral de 2024 y, por ende, conservar la estabilidad política que tiene actualmente México.
Lo expresé anteriormente: nuestra democracia no está en riesgo, sino que se sigue perfeccionando, y prueba fehaciente de ello son las movilizaciones realizadas en días pasados por parte de quienes no están de acuerdo con la reforma. Estoy seguro de que lo mismo sucederá en su momento con quienes estamos a favor de la pertinencia del Plan B.
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