Desde el 6 de diciembre rige en Honduras un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al del presidente Nayib Bukele en El Salvador, para combatir las pandillas.
El 31 de marzo, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, decidió instrumentar una “segunda etapa” de la cruzada antipandillas, con despliegue de militares en las calles.
El despliegue militar en las calles no es nuevo en este país, uno de los más violentos del mundo a pesar de que cerró 2022 con la tasa de homicidios más baja en 16 años. A principios de mes, pandilleros presos se enfrentaron en cuatro cárceles, con saldo de un muerto y siete heridos.
Como respuesta, Castro ordenó una intervención que incluye un “desarme real” y combate a autoridades penitenciarias corruptas que dejan ingresar fusiles, granadas, teléfonos y drogas a cambio de dinero.
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Los pandilleros dirigen desde las prisiones operaciones del crimen organizado en el exterior, por lo cual el gobierno ordenó también la intervención de las comunicaciones en los penales, pero los enfrentamientos se repiten casi a diario en diferentes penales, con al menos una veintena de heridos.
DETENIDOS
Bukele ha encarcelado a más de 67 mil presuntos pandilleros, pero sus métodos son criticados por la Iglesia Católica, la ONU y organismos de derechos humanos. En Honduras la campaña antipandillas no tiene ese alcance y cosecha modestos frutos hasta ahora, según expertos.
“Más de 530 miembros de estructuras delictivas organizadas han sido capturados durante los primeros meses del año”, dice el portavoz de la unidad policial antipandillas, Mario Fu.
La cifra resulta ínfima para el criminólogo hondureño Gonzalo Sánchez, quien sostiene que en el país “falta voluntad” para combatir al crimen. “Al comparar el estado de excepción de El Salvador […] allá sí efectivamente ha habido voluntad política”, declara Sánchez.
En la colonia Alemán de Tegucigalpa, la gente se burla del estado de excepción. “Más bien no le dicen así, sino que le dicen ‘estado de decepción’, porque (las autoridades) no hacen nada” y las extorsiones de las pandillas a la población “están a la orden del día”, dice David Velásquez, de 65 años, quien vive en esta colonia.
Con información de 24 Horas Nacional
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