La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este jueves a los programas de discriminación positiva en las universidades, en un histórico fallo un año después del revés al derecho al aborto.
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Sus seis jueces conservadores dictaminaron, en contra de la opinión de los tres de corte progresista, que los procedimientos para la admisión en los centros universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales.
“El alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza”, fundamentó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
Los magistrados conservadores estiman que las universidades son libres de considerar la experiencia personal de un solicitante, por ejemplo, si sufrió racismo, a la hora de sopesar su solicitud frente a otros más calificados académicamente.
Pero decidir, principalmente en función de si es blanco o negro, no está permitido, es en sí mismo discriminación racial, aseguraron. “Nuestra historia constitucional no tolera esa opción”, añadió Roberts.
Tras el movimiento por los derechos cívicos de los años sesenta, varias universidades muy selectivas introdujeron criterios raciales y étnicos en sus procedimientos de admisión para corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista de Estados Unidos.
Esta política, conocida como “discriminación positiva”, permitió aumentar la proporción de estudiantes negros, de origen hispanohablante o indios estadounidenses en las aulas, pero siempre ha sido blanco de críticas en los círculos conservadores, que la consideran opaca y racista.
La Corte Suprema se ha pronunciado en contra de las cuotas en varias ocasiones desde 1978, pero siempre ha autorizado que las universidades tengan en cuenta criterios raciales, entre otros.
Hasta ahora, había considerado “legítima” la búsqueda de una mayor diversidad en los campus, aunque ello supusiera quebrantar el principio de igualdad entre todos los estadounidenses.
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El jueves dio un giro de 180 grados, como ya hizo el 24 de junio de 2022, al anular el derecho federal al aborto que garantizaba desde 1973.