Avanza intervención en las zonas arqueológicas
La rehabilitación de 10 ciudades mayas en Quintana Roo avanza, gracias a la labor que realizan especialistas como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), que contempla mil millones de pesos de inversión.

La rehabilitación de 10 ciudades mayas en Quintana Roo avanza, gracias a la labor que realizan especialistas como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), que contempla mil millones de pesos de inversión.

Avanza intervención en las zonas arqueológicas

Así lo manifestó la gobernadora Mara Lezama Espinosa, previo a la reunión con directivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), donde definieron algunos temas relacionados con la transición del organismo y los avances del Tren Maya, así como los derechos del estado en las zonas arqueológicas.

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“Vamos a retomar lo que hicimos la semana pasada; algunos caminos que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Ichkabal y El Meco para ver cómo avanzan; tenemos 10 zonas y vamos a ver que tengamos todos los derechos, el acuerdo con los ejidatarios y la vedad es que vamos muy avanzados; El Meco es una realidad, Coba es una realidad, Ichkabal”, aseguró.

Las actividades se concentran en El Meco, Oxtankah, Chacchoben, Kohunlich, Dzibanché-Kinichná e Ichkabal.

Participa un grupo conformado por 75 especialistas del INAH, como arte de las labores alternas al Tren Maya.

Sobre la propuesta de Fonatur, que gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 12.2 millones de pesos para realizar estudios de preinversión para la rehabilitación y mantenimiento del Malecón Tajamar, indicó que solicitará al organismo mayores detalles del proyecto.

Esto luego, de que los proyectos de Tajamar quedaron suspendidos después de que la zona fue clausurada por autoridades ambientales en 2017, tras detectar daños al ecosistema por parte del desarrollo inmobiliario Infinity.

Entre 2018 y 2020, el Malecón Tajamar permaneció cerrado tras los litigios judiciales que promovieron organizaciones ambientalistas; la reapertura fue por orden del Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo para que las autoridades pudieran verificar su condición y ejecutar obras de mantenimiento.