El lunes comienzan a levantarse las encuestas tanto de Morena como del Frente Amplio por México, con las cuáles se determinarán los nombres de los candidatos presidenciales de ambos bandos.

Morena, a diferencia del Frente, llega a esta etapa definitoria entre acusaciones que van desde la complicidad de gobernadores a favor de una precandidata hasta la compra de votos y el acarreo bajo amenaza de quitar los programas sociales.

Lo interesante es que las denuncias en Morena no las hizo la oposición, sino los propios candidatos guindas, el más visible Marcelo Ebrard, por su posición preponderante en los sondeos, pero también Ricardo Monreal y hasta Gerardo Fernández Noroña.

Ya está visto que Mario Delgado solo fungió como conserje del proceso, que fue planeado y coordinado desde Palacio Nacional.

Delgado nunca estuvo a la altura que requería un proceso de esta magnitud; fue convenientemente omiso con las denuncias que semanas atrás se presentaron sobre el millonario gasto de las corcholatas en pintas y espectaculares.

Ahora tendrá en sus manos los sobres con los resultados de las encuestas que se harán para validar un proceso que arrancó con una favorita y que, pese a todo, se ha ido cerrando.

Delgado fue el secretario de Finanzas y posteriormente de Educación de Ebrard, cuando éste fue jefe de Gobierno de la CDMX.

Del equipo del excanciller, fue el único que alcanzó a colocarse en una senaduría gracias a su exjefe.

Aún así, hizo como que no oyó ni vio las quejas de su excarnal Marcelo.

El Frente llega a esta etapa con dos aspirantes; ni Xóchitl Gálvez ni Beatriz Paredes se han confrontado, lo cual no quiere decir que no haya diferencias ideológicas.

La encuesta del Frente vale 50% y otro 50% será la votación en urnas que se realizará el domingo 3 de septiembre.

Para bien del país, en ambos casos, ya falta menos.

En un proyecto, el Tribunal Electoral ratifica las medidas cautelares que la Comisión de Quejas y Denuncias había dictado hace unos días, en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, por ejercer “violencia política de género’’ en contra de la senadora Citlalli Hernández.

Es el proyecto, como se especifica, que tendrá que ser votado por el pleno de siete magistrados.

Ahí se verá si se confirma o se rechaza.

Lo grave del asunto es que ahora las autoridades electorales se convertirán en censores de las redes sociales y bajo esos criterios cualquier ciudadano podrá ser sancionado.

El empresario no es funcionario público, sus dichos no han impedido que la senadora acceda a un cargo ni que ejerza su función como legisladora.

Hasta ahora seguimos esperando los criterios legales en los que se fundamentan las medidas cautelares en contra del empresario y otros ciudadanos igualmente acusados y sancionados por ejercer violencia política de género.

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