Luego de que el Congreso de Quintana Roo derogara un decreto de extensión de la concesión de Aguakan para el suministro de agua, el PRD encabezó una serie de procesos legales para revertir dicha acción.
El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leobardo Rojas López, afirmó que “el Congreso le tomó el pelo a la ciudadanía” al derogar un decreto del cual se le otorgaba el permiso para la concesión ampliada.
Consideró que el procedimiento no fue el adecuado y aseguró que no se puede dejar de lado un dictamen.
“No se puede derogar un decreto en ese sentido, porque un decreto generó obligaciones y derechos”.
“Sería un riesgo jurídico porque el Congreso puede dejar en cualquier momento algún contrato de concesión y no sólo en el tema de Aguakan, sino en cualquier contrato de concesión”.
Leobardo Rojas, líder del PRD.
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PRD encabeza procesos en defensa de Aguakan
Comentó que están a la espera del recurso de adición y la asignación del Juez Federal para que se obligue al ayuntamiento de Benito Juárez y al gobierno estatal a respetar los procedimientos legales respecto al retiro de concesión.
Leobardo Rojas precisó que en el caso Aguakan presentaron cuatro amparos correspondientes a cuatro ciudadanos.
Estos, se acercaron al partido para iniciar lo que consideró como “una lucha jurídica por defender el derecho humano al agua”.
“En tal sentido, estamos esperando la asignación del juez correspondiente para que se obligue al municipio de Benito Juárez y al gobierno del estado, porque la consulta que se hizo, ellos mismos propusieron, los de Morena, que sea vinculante”.
Dijo que la cancelación hubiera procedido de manera legal por mal servicio, por no prestar el trabajo por el cual fue concesionado.
Esta era la acreditación del ayuntamiento para solicitar que se cancelara la ampliación del contrato a los jueces mercantiles del estado.
“Ese es el proceso legal, todo lo demás es una tomada de pelo y hay dos cosas que me preocupan: que nos quieran ver la cara en el Congreso o el desconocimiento total de los 25 diputados del procedimiento legal y entonces estar en un estado de indefensión de los derechos; y en segunda, el desconocimiento total de los que hace las leyes en Quintana Roo”.
Al final, expresó que se trató de una tomada de pelo para allanar el proceso electoral y que dijeran que cumplieron con sus promesas.