Se pretende que al habilitar la Sala de Juicios Orales, el tiempo de actuación se reduzca al menos a la mitad.
El director delos Juzgados Cívicos de Benito Juárez, Máximo Martínez Canché. Credit: Armando Herrera. / 24 HQR.

La implementación de la Sala de Juicios Orales de Benito Juárez está retrasada debido a la renuncia del director de los Juzgados Cívicos, Luis Eduardo Pacho Gallegos, quien dejó el cargo para participar en el proceso electoral.

Ante este cambio, se ha postergado el inicio de operaciones de la Sala, programada para el 26 de marzo, explicó Máximo Martínez Canché, actual director.

Indicó que la apertura se posterga hasta principios de junio entrante ya que hay que solicitar de nuevo los recursos que no ejerció el director anterior.

“La Sala Oral ya se terminó y ya se tienen las televisiones que se van a ocupar, mismas que fueron donadas por la Mesa de Seguridad; ya cuenta con cámaras y estaba en el proceso de habilitación del mobiliario”, comentó.

Devuelven recursos para sala de juicios

Martínez Canché explicó que a Pacho Gallegos le había asignado entre 60 y 70 mil pesos que no ejerció y por el cambio se tuvieron que devolver.

Este presupuesto estaba etiquetado para la compra del mobiliario y demás equipamiento, por lo que ahora están a la espera de la apertura del sistema.

“Vamos a hacer la solicitud de ese recurso para poder hacer las cotizaciones y comprar el mobiliario que ya se tenía contemplado; prevemos que la apertura del sistema sea la siguiente semana y ya posteriormente es un tema de la Tesorería que nos avise. Esto podría llevarse 15 o 20 días más”.

Según Martínez Canché, se contempla que la nueva Sala entre en funcionamiento en junio próximo, aunque no se descarta que la fecha pueda adelantarse,

“En tiempos como lo estamos viendo ahorita, sí nos va a llevar otro mes más cuando menos”, señaló el funcionario.

Más rapidez en procesos

Para la construcción de la Sala de Juicios Orales se destinaron en primera instancia un millón 600 mil pesos.

Posteriormente, el Cabildo autorizó un incremento de 250 mil pesos para concluir con la edificación y equipamiento.

Se pretende que al ser habilitada, el tiempo de actuación se reduzca al menos a la mitad, con un máximo de tres horas desde la revisión del expediente hasta la resolución.

Además, beneficiará en temas de transparencia y se evitarán malos entendidos y polémicas por corrupción.

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