Las plataformas de rentas vacacionales deben regularse, pues hasta entre ellas mismas hay competencia desleal, sobre todo en Cancún y Riviera Maya donde, por ejemplo, un solo propietario posee 224 unidades para rentas de plataformas Airbnb.
Así lo dio a conocer Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (Starc) de la Universidad Anáhuac Cancún.
En conferencia de prensa sobre el estudio “En materia de alojamiento la cancha sigue dispareja”, el doctor en Turismo dijo que 3,526 propietarios tienen dos o más unidades.
Además, 2,033 cuentan con tres o más; y 1,361 suman cuatro o más unidades.
Hasta diciembre de 2023 la entidad ofertó 32,447 residencias con 64,939 cuartos,subrayó.
El analista destacó que, al cierre del año pasado, las habitaciones ofrecidas en esta modalidad de alojamiento equivalían a la mitad de la oferta formal de Quintana Roo.
Expuso que tan solo en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos tuvieron más de 7,000 unidades activas con ventas de casi 243 millones de dólares en 2023.
Con ello, un incremento del 18% en comparación con 2022; las tarifas por unidad en esos destinos oscilaron desde los 161 a los 312 dólares diarios.
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La ley y las rentas
Existe una clara tendencia mundial por regular de manera más estricta la operación de la plataforma Airbnb.
Tal es el caso de la Ley 18 en Nueva York, que obliga a los anfitriones a registrarse y ser aprobados por el ayuntamiento y limita la estancia a un mínimo de 30 días, explicó.
Madrid Flores, en la conclusión de este estudio aseguró que está fuera de discusión que las rentas vacacionales son un negocio.
A esto se suma que no respetan el uso de suelos, pago de servicios públicos como viviendas, riesgos al consumidor, probables incumplimientos legales como la Ley General de Turismo y la Ley General de Protección al Consumidor, que causan inflación en los servicios de vivienda, así como afectaciones a la calidad de vida de los vecinos, al ser empresas multinacionales que no tributan en México.
“Se debe buscar un espacio de competencia justa, anteponer el beneficio colectivo sobre algunos particulares y que las autoridades municipales tengan un papel de mayor participación en el proceso de supervisión y cumplimiento de disposiciones”, concluyó.