Expresa preocupación y desacuerdo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo, sobre la propuesta de reforma que busca incrementar el número de mensualidades en adeudo para proceder a una demanda de desocupación.
Se trata de una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentada el 21 de marzo, para modificar el Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Busca elevar de dos a tres mensualidades el incumplimiento de pagos requeridos para proceder a la demanda de desocupación.
Por su parte, Angélica Frías González, presidenta de la Coparmex en Quintana Roo, expuso el desacuerdo de los empresarios en dicha propuesta.
“Es una reforma que, aunque aparenta ofrecer mayor protección a los arrendatarios, en realidad propicia un entorno que favorece al incumplimiento”.
Consideró que “perjudica de manera injustificada los derechos de los propietarios”.
También, aseguró que esto no haría más que exacerbar los problemas existentes y alentar a los inquilinos a prolongar la ocupación sin cumplir con sus obligaciones financieras.
Además, dilataría el proceso de recuperación económica y legal para los propietarios, forzados a soportar periodos más largos de incumplimiento de rentas.
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Retraso de procesos
“No hay impartición de justicia, urge el diálogo; eso extendería aún más los procesos judiciales de desahucio”.
“De por sí el procedimiento jurídico es lento, demora de seis a 12 meses y a veces más”, señaló Óscar Vázquez Portillo, comisario del Centro Empresarial de la Coparmex en Quintana Roo.
“Se basa esta reforma en una vivienda digna para los inquilinos; pero desde el punto de vista del sector empresarial y privado, los propietarios ya tenían que esperar dos veces a que el inquilino incurra en impago para poder accionar el juicio y ahora serán tres”.
“Ya hay un plazo extendido para que el inquilino pueda arreglarse con el propietario, ¿por qué ahora esperar un mes más”, argumentó.
Además, dijo, se suma el contratar un abogado, las garantías que se deben tener y los estudios socioeconómicos.
Perjuicios para empresarios
“Muchas de las viviendas de Quintana Roo son de tipo habitacional y también está en el sector de la renta, pero algunos pudieran verse no privilegiados; el propietario no puede poner cláusulas porque la ley establece las reglas del juego y un juez de todas formas emitiría que no habrá juicio hasta que no se presente el pago de la tercera renta”, explicó.
Reiteró que, si se extiende este plazo, las empresas o personas físicas que hacen negocios con las rentas también resultarían afectadas.
Esta reforma podría tener consecuencias no intencionadas para los empresarios, como la disminución de la oferta de viviendas en alquiler, ya que los propietarios podrían ser más cautelosos a la hora de arrendar sus propiedades o aumentar el costo de sus viviendas para compensar el riesgo adicional, lo que podría afectar negativamente al mercado inmobiliario y la economía local, concluyó.