El Juez Quinto de Distrito con sede en Cancún, dictó sentencia a favor de los habitantes del fraccionamiento Urbi Villas del Rey, por lo que requirió al titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo, iniciar el procedimiento de ejecución de la fianza para la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras.
La representante legal de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), Antonella Vázquez Cavedon, informó que el pasado 13 de mayo, se emitió la sentencia que beneficiará a alrededor de 20 mil vecinos del desarrollo.
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Era necesaria una planta de tratamiento
El Juzgado en su sentencia requiere que Sedetus inicie el procedimiento previsto en el artículo 88 de la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo.
Asimismo determina que se haga efectiva la fianza y requerir a la constructora CYD Desarrollos Urbanos ejecutar directamente las reparaciones y las obras incompletas en el residencial.
“La verdad es que ha sido el juicio más rápido que como asociación civil hemos visto, lo cual nos da mucho gusto, acaba de suceder que ganamos el de Playa Delfines pero fueron seis, siete años”, expuso Vázquez Cavedon.
La abogada se mostró contenta al señalar que finalmente los habitantes de Urbi Villas del Rey ven un esbozo de justicia.
El Juzgado Quinto de Distrito resolvió concederles el amparo y protección de la justicia de la Unión, en favor de su derecho a una vivienda digna y a un medio ambiente sano.
Agregó que, en la sentencia, el juez Alonso Robles reconoció tres puntos importantes:
- Primero: que los ciudadanos del fraccionamiento siempre tuvieron la razón respecto a que la constructora responsable, CYD Desarrollos Urbanos, no finalizó las obras de agua potable y alcantarillado y se permitió que muchas familias compraran una casa sin todos los servicios básicos completos.
- Segundo: el juez señaló que durante los 13 años, las autoridades municipales y estatales fueron omisas al no inspeccionar y vigilar que las obras de urbanización se cumplieran de acuerdo con todas las especificaciones del proyecto que ellos mismos aprobaron.
- Tercero: ante el incumplimiento del fraccionador, las autoridades tenían que dar aviso de cualquier incumplimiento o violación del proyecto inmobiliario autorizado en la respectiva licencia, pero no lo hicieron.
Decisión deja un precedente
Víctor Guizasola Sarabia, presidente del Comité Vecinal, dijo que esto deja un precedente que podría servir a muchos ciudadanos que están en la misma situación.
Agregó que que existen alrededor de 150 residenciales en Cancún que no están municipalizados o que tienen igual o peor situación que la de ellos.
Finalmente detalló que la fianza con la que debería contar la Tesorería de Benito Juárez es de 13 millones de pesos, y la construcción de la planta de tratamiento de acuerdo con presupuestos realizados por el mismo, cuesta alrededor de 26 millones de pesos.