El movimiento antiaborto en Estados Unidos ha intensificado su lucha, esta vez enfocándose en los médicos que envían píldoras abortivas a través de las fronteras estatales.
Desde que la Corte Suprema anuló el derecho federal al aborto, estados como Texas y Luisiana han adoptado duras leyes para restringir el acceso a estos medicamentos, desencadenando una serie de batallas legales sin precedentes.
La lucha transfronteriza: una nueva fase en el conflicto
La decisión de la Corte Suprema en 2022 dejó en manos de los estados la regulación del aborto, lo que generó un mosaico de legislaciones contradictorias.
Mujeres en estados con prohibiciones estrictas ahora deben viajar largas distancias o depender de envíos de píldoras desde jurisdicciones más permisivas.
Este conflicto se ha intensificado con la demanda contra Margaret Carpenter, médica de Nueva York y cofundadora de la Coalición del Aborto para la Telemedicina.
Carpenter enfrenta cargos criminales en Luisiana y una multa de 100,000 dólares en Texas por enviar medicamentos abortivos.
Sin embargo, Nueva York aprobó una "ley escudo" para proteger a sus médicos de procesos externos, desatando una disputa legal que podría llegar a la Corte Suprema.
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Amedrentar a los proveedores: una táctica deliberada
Activistas proaborto temen que la nueva estrategia del movimiento antiaborto sea intimidar a los proveedores para disuadirlos de continuar su labor.
Amy Friedrich-Karnik, del Instituto Guttmacher, advirtió que la persecución judicial tiene como objetivo generar un efecto amedrentador entre médicos y pacientes.
Según #WeCount, el 10 % de los abortos en el segundo trimestre de 2024 se realizaron bajo tutela de leyes de protección, representando aproximadamente a 10,000 mujeres cada mes.
Este dato revela la magnitud del impacto de estas restricciones en la salud y los derechos reproductivos.
Restricciones a la telemedicina y el futuro incierto
La presión no se limita a las demandas judiciales. Los fiscales generales de Idaho, Kansas y Missouri han exigido a la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) que prohíba la entrega de recetas para píldoras abortivas a través de consultas en línea.
Esta medida podría restringir aún más el acceso a nivel nacional, generando incertidumbre entre los médicos y pacientes.
Mary Ziegler, académica de la Universidad de California, advirtió que estas batallas legales son solo el inicio.
“Hay una gran interrogante en torno a gran parte de esto”, afirmó, subrayando que los resultados de estos litigios podrían moldear el futuro del derecho al aborto en Estados Unidos.