Experiencia al servicio del bienestar

El nombramiento de Rafael Marín Mollinedo como nuevo delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán es una decisión positiva que garantiza continuidad y solidez en la operación de los programas sociales.

Con una trayectoria reconocida en la administración pública y en la construcción de proyectos estratégicos, Marín Mollinedo aporta experiencia y capacidad de gestión en un momento clave para la región. La secretaria Ariadna Montiel Reyes subrayó la importancia de mantener la coordinación en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, lo que refuerza la visión integral de la política social del Gobierno federal.

Más allá de nombres locales, la designación apuesta por perfiles con conocimiento técnico y compromiso con la transformación, asegurando que los apoyos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan. ¿Será?

Reforma con vacíos

La reforma al artículo 58 del Código Penal aprobada en Quintana Roo pretende endurecer las sanciones por delitos en grado de tentativa, pero deja un vacío evidente. Aunque se establecen parámetros generales para penas privativas de libertad, el segundo párrafo excluye los tipos penales que ya contemplan supuestos específicos, como el feminicidio en el artículo 89 Bis.

Esto genera una contradicción: se presume cerrar espacios de impunidad, pero en la práctica no aplica a uno de los delitos más graves y recurrentes. El discurso de proporcionalidad se diluye cuando las excepciones restan fuerza a la reforma.

La unanimidad legislativa no oculta la falta de precisión técnica: endurecer la ley sin armonizarla con disposiciones ya vigentes es un error que puede traducirse en confusión judicial y en un golpe a la credibilidad del Congreso. ¿Será?

Golpe a la canasta básica

El aumento de dos a cuatro pesos en el kilo de tortilla en Quintana Roo es un duro golpe para las familias, especialmente en un estado donde el costo de vida ya es elevado.

Aunque los productores argumentan que el alza responde al encarecimiento de la harina, la gasolina y la electricidad, lo cierto es que la falta de regulación convierte al precio de la tortilla en un terreno de abuso. El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla queda en letra muerta cuando no existe un organismo que garantice estabilidad en un producto esencial.La justificación de que no se sube porque se nos da la gana resulta insuficiente frente a la realidad de miles de hogares que verán afectado su gasto diario. La tortilla, símbolo de la dieta mexicana, se convierte en reflejo de la incapacidad para proteger al consumidor de la inflación y la especulación. ¿Será?