A pesar de que su creación fue establecida por ley desde 2019, la instalación del Instituto Estatal de Inclusión en Quintana Roo permanece en el limbo. La falta de definiciones sobre su ubicación física, estructura operativa y liderazgo mantiene en alerta a las organizaciones civiles de la entidad.
El proyecto, cuya consolidación se proyecta hacia 2026, tiene como objetivo central mejorar la accesibilidad, movilidad y oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Sin embargo, colectivos denuncian que no existen avances concretos en lo que va del año.
Suscríbete a nuestro canal
TAMBIÉN ENTÉRATE: Grupo Xcaret suspende la Travesía Sagrada Maya por litigio legal con Indautor
Opacidad en el uso de recursos y designaciones
Christian Muñoz Castillo, presidente de la asociación Unificación Integral Quintanarroense, manifestó la preocupación del sector ante la ausencia de información oficial. Aunque se sabe que el presupuesto asignado ronda los 11 millones de pesos, no se ha clarificado cómo ni cuándo se ejecutarán.
“Estamos en espera de que se designe la ubicación del instituto… no nos han dicho ni cómo va a estar ni cuándo”, señaló Muñoz Castillo.
El riesgo de la dependencia del sector salud
Uno de los puntos más críticos señalados por las asociaciones es la posible subordinación del instituto al sector salud. Los activistas exigen que el organismo opere con autonomía administrativa, argumentando que la atención a la discapacidad requiere un enfoque especializado y transversal, no únicamente médico.
Asimismo, hicieron un llamado enérgico para evitar "decisiones improvisadas" en el nombramiento de los responsables. Las organizaciones civiles demandan un consenso para asegurar que el titular posea experiencia real y sensibilidad en la materia.
