La Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) alertó sobre un incremento crítico en las denuncias falsas contra maestros en Quintana Roo. Ante este panorama, el organismo planteó la urgencia de diseñar un protocolo estatal integral que proteja la integridad de la comunidad escolar.
José Arimael Salas Alcocer, secretario general de la Sección 25 del SNTE, expuso que diariamente reciben reportes de profesores que enfrentan acusaciones infundadas. Estas situaciones generan severas afectaciones emocionales, laborales y sociales en el personal educativo del estado.
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Vacío legal desprotege al magisterio en Quintana Roo
El dirigente sindical criticó la falta de consecuencias legales o administrativas para quienes difaman a los docentes. Señaló que el actual marco normativo local no contempla mecanismos de sanción ante reportes fraudulentos.
"¿Qué pasa con el padre de familia que llega y acusa al maestro y luego resulta que no es cierto? No hay una sanción, no hay nada que la autoridad educativa o judicial pueda entablar al respecto", cuestionó el líder de la Sección 25.
Salas Alcocer calificó de "incontables" los casos vigentes y enfatizó que el actual marco de convivencia escolar en Quintana Roo se enfoca de manera exclusiva en los derechos de los menores de edad, omitiendo la certidumbre jurídica del docente.
Docentes trabajan bajo un ambiente de temor e incertidumbre
La ausencia de un protocolo bilateral ha provocado que los profesores modifiquen sus dinámicas de enseñanza y convivencia. Muchos de ellos evitan interacciones físicas elementales de apoyo pedagógico para eludir malinterpretaciones o señalamientos futuros.
"Los maestros sí se sienten indefensos", admitió el secretario general. Añadió que la propuesta del sindicato busca equilibrar la balanza sin restar protección a las niñas, niños y adolescentes de la entidad.
El SNTE confirmó que ya sostiene mesas de trabajo coordinadas con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Quintana Roo. El objetivo es estructurar una reforma normativa que castigue la difamación sin desamparar los canales legítimos de denuncia por acoso o violencia escolar.
