Una propuesta que persigue privilegios
La propuesta de la llamada Unión de Periodistas y Medios Digitales de Quintana Roo para crear una Ley de Protección Integral del Periodismo se mantiene en sigilo, lo que despierta dudas legítimas.
Pretender regular al gremio sin transparencia es un contrasentido: los periodistas no aceptan imposiciones disfrazadas de protección. El proyecto plantea un Instituto con una Junta de Gobierno integrada por representantes designados por el Congreso, con dietas de magistrados y control de un fideicomiso millonario.
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Más que garantizar derechos, parece un mecanismo de burocratización y cooptación. Además, condicionar el acceso a un Fondo de Bienestar a un registro estatal y a cartas de reconocidos periodistas abre la puerta al clientelismo y exclusión. La protección del periodismo no puede nacer de estructuras opacas ni de filtros arbitrarios, sino de la defensa genuina de la libertad de expresión y la independencia profesional. ¿Será?
El rostro de la corrupción y la violencia
La detención de Lorenzo Bernabé Miranda, exdirector de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Tulum, confirma el perfil de un funcionario marcado por abusos y presuntos delitos graves.
No basta con recordar que fue destituido por liderar una red de extorsión y despojo inmobiliario, o por otorgar licencias sin estudios ambientales en Tulum: ahora enfrenta acusaciones de violencia de género y violación sexual contra su pareja.
Este historial exhibe cómo personajes con poder público han usado sus cargos para lucrar y violentar, al dejar huellas de impunidad en el municipio. La captura es un paso necesario, pero también un recordatorio de que la corrupción y la violencia no deben tener cabida en quienes administran el territorio. La justicia debe actuar con firmeza, porque la sociedad no puede tolerar que quienes debiesen servir al pueblo terminen siendo sus agresores. ¿Será?
Mundial, con barreras económicas para restauranteros
La exigencia de pagar licencias a Izzi Negocios o Sky Business para transmitir los partidos del Mundial golpea directamente a los restauranteros de Quintana Roo, sobre todo a los pequeños negocios que no pueden absorber costos que inician en 15 mil pesos y que, de incumplir, podrían enfrentar multas de hasta 200 mil.
La responsable aquí es la FIFA, que convierte un evento global en un negocio restrictivo, olvidando que la pasión por el futbol debería ser un motor de convivencia y derrama económica. La vigilancia del IMPI refuerza un esquema que privilegia a las grandes cadenas y margina a los micros, quienes ven frustradas sus expectativas de atraer clientes.
Más que proteger derechos de transmisión, estas medidas evidencian cómo el Mundial se ha transformado en un negocio excluyente, en el que la fiesta del fútbol se reduce a un privilegio para quienes pueden pagar. ¿Será?
