Las notarías públicas en Quintana Roo están bajo revisión por presuntas irregularidades, luego de que la Secretaría de Gobierno estatal mantiene abiertas investigaciones sobre 27 despachos a partir de quejas ciudadanas y auditorías administrativas.
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Notarías públicas en Quintana Roo enfrentan sanciones
Hasta ahora, ocho han recibido sanciones económicas y una permanece suspendida mientras se determina su situación jurídica.
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, explicó que la mayoría de las observaciones corresponden a incumplimientos administrativos contemplados en la Ley del Notariado del Estado y no necesariamente a posibles delitos. Algunas fueron solventadas durante los procedimientos, mientras otras derivaron en multas.
Las multas impuestas hasta ahora van de 5 mil a 100 mil pesos, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas.
La legislación estatal contempla distintas medidas, desde amonestaciones y sanciones económicas hasta la suspensión temporal o revocación de la patente cuando se acreditan faltas graves.
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Un caso permanece bajo investigación de Fiscalía
Las revisiones abarcan los 11 municipios y derivan principalmente de inconformidades de usuarios y verificaciones realizadas por la Dirección General de Notarías.
El expediente considerado de mayor relevancia está relacionado con la presunta protocolización de una operación inmobiliaria en la que se habría asentado la liberación de una hipoteca que, según las investigaciones, aún no había sido cancelada.
La notaría involucrada permanece suspendida mientras la Fiscalía General del Estado analiza el caso y determina si existe alguna responsabilidad.
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Quintana Roo tiene 124 notarías públicas
Actualmente, el estado cuenta con 124 notarías públicas y tres patentes vacantes. La Secretaría de Gobierno aclaró que por ahora no contempla abrir un nuevo proceso para asignar esos espacios.
A principios de 2026, había 23 notarías bajo investigación; posteriormente, la cifra aumentó a 27 expedientes en revisión.
Las autoridades mantienen abiertos los procedimientos administrativos y, cuando corresponde, las investigaciones ministeriales para determinar responsabilidades conforme a la legislación vigente.
